El TSJ abronca al Consell por falta de transparencia y tacha de «incongruente» su comportamiento

La tercera sentencia que condena al Consell por no facilitar información solicitada por el PP es especialmente tajante con la actitud de la Generalitat. La cronología hasta este fallo comienza el pasado enero, cuando el diputado popular José Císcar pide la copia, en soporte informático, de todos los informes de fiscalización e intervención previa emitidos por las diversas intervenciones delegadas y, en su caso, por la Intervención General durante los meses de julio de 2015 a enero de 2016.

La respuesta por parte de la Conselleria de Hacienda llega en abril: «las solicitudes implicarían reproducir la práctica totalidad de los expedientes administrativos, lo cual excede toda racionalidad y entorpecería gravemente el trabajo de la Administración».

Ya en junio, Císcar interpone un recurso por vulneración del derecho fundamental a la información al no obtener los documentos.

En ese momento, se emite por parte del Conseller de Hacienda, Vicent Soler, un acuerdo, según consta en la sentencia: «Se accede a todas las pretensiones del diputado a fin de facilitarle su derecho de control y se le informa de que los informes de fiscalización e intervención previa se encuentran custodiados por las diferentes intervenciones delegadas. La documentación requerida le será puesta de manifiesto en el lugar, día y hora que concierte con cada una de las intervenciones delegadas y con la Intervención General».

Pero el recurso sigue adelante en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) hasta la sentencia conocida esta semana, en la que se reflejan varias decisiones llamativas.

La primera es la crítica que la Sala realiza a la primera respuesta por parte del Consell en la que asegura que este tipo de peticiones de información entorpecen el funcionamiento de la Administración. «La decisión se limita a obtener este resultado, sin aportar el menor dato fáctico que demuestre en qué medida coincide con la realidad. Lo racional es permitir un absoluto control y supervisión de la totalidad de la actividad que ejerciten los entes y corporaciones», afirma, para remarcar que las solicitudes de información no carecen de coherencia.

En segundo lugar, la Sala estima que remitir al diputado a once departamentos distintos de la administración autonómica «no es asumible». «Esa información se la ha de facilitar y entregar, sin duda, el propio Conseller de Hacienda», concluye. Además, entiende que «es evidente el daño que se genera al derecho fundamental»: «Aquí, en lugar de facilitar, de modo cómodo e inmediato, una información sobre el funcionamiento de la Generalitat, se demora».

En opinión del tribunal, el comportamiento de la Administración es «incongruente» con los acuerdos adoptados por el Consell tendentes a «mejorar la transparencia y la eficacia en sus relaciones con las Cortes».

El rifirrafe del «soporte informático»

Tras tener conocimiento de esta sentencia, la Conselleria de Hacienda anunció que la recurrirá porque la denuncia está interpuesta con «mala fe». En este sentido, denuncian que la petición de entrega de documentación por parte del PP era «en soporte informático», a sabiendas de que «abarcan miles de papeles» y «no están en formato digital».

El diputado José Císcar argumentó, en respuesta, de que «ni en la demanda ni en ningún escrito» ha dicho que la información estaba «digitalizada». «Sí que dijimos que estaban en soporte informático, por lo que no admitimos que se nos tache de mala fe».

«Se nos denegó la documentación, interpusimos el recurso y, cuando tuvieron conocimiento del mismo, se nos mandó una segunda notificación diciendo que fuéramos a las intervenciones delegadas donde estaban a disposición los informes solicitados. Yo presenté un escrito en cada intervención para pedir una cita y tras seis meses no he tenido respuesta», zanjó.

Tercera sentencia

Con esta, el Consell acumula ya tres sentencias por falta de transparencia. La primera (ya firme) fue por una solicitud de los populares en octubre del año pasado de un informe del traspaso del anterior Gobierno a la Conselleria de Justicia, en el que se encontraban 3.200 ordenadores que el nuevo Ejecutivo había criticado por no estar en funcionamiento cuando en este momento se encuentran en uso. También pidieron la auditoría interna en Justicia, que supuestamente se encargó al asumir Gabriela Bravo las competencias y que no les fue facilitada.

En el caso del informe, éste fue entregado al PP tras interponerse el recurso contencioso-administrativo, mientras que respecto a la auditoría la Conselleria se opuso y alegó que no existía como tal puesto que se trataba de «una iniciativa del Consell en relación no solo al ámbito de este departamento, sino de toda la Generalitat».

El segundo fallo obligaba al departamento de Educación a entregar la relación detallada del número de cajas fijas existentes en las universidades públicas.