El presidente de la ANC, Jordi Sánchez
El presidente de la ANC, Jordi Sánchez - EFE

La ANC pide donaciones para hacer frente al embargo por abuso de datos ideológicos

La entidad independentista ha sido multada con cerca de 250.000 euros por utilizar datos personales de manera ilegal

BARCELONA Actualizado: Guardar
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La Asamblea Nacional Catalana (ANC) ha puesto en marcha una campaña para pedir donaciones ciudadanas después de que a la asociación independentista se le hayan embargado 246.559,13 euros por una multa de la Agencia de Protección de Datos.

Según la ANC, la sanción obedece a un intento del Estado de «estrangularla», por lo que señala que «la mejor manera de ayudar para minimizar el embargo y reforzar la ANC» es darse de alta como socio o hacer una aportación a su cuenta bancaria. «Todos los recursos recaudados irán directamente a hacer más grande la campaña para ganar el 'sí' a la independencia», sostiene la entidad.

La ANC y Òmnium Cultural fueron multadas por abuso de datos ideológicos, según el criterio de la Agencia de Protección de Datos, una sanción que ha avalado la Audiencia Nacional, a raíz de una macroencuesta impulsada por las entidades soberanistas en vísperas de la consulta soberanista del 9N del 2014, en la que voluntarios de estas entidades visitaron domicilios particulares en Cataluña para recabar datos sobre el apoyo ciudadano a la independencia.

«No creemos en las casualidades», denunció la ANC en un comunicado en el que se recuerda este embargo llega días después de que las entidades soberanistas movilizaran a unas 40.000 personas frente al Palacio de Justicia de Barcelona para apoyar a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, encausados por el juicio del 9N de 2014.

La ANC añade que el embargo «llega cuando aún no hay resolución firme sobre el fondo» de la sanción de la Agencia de Protección de Datos, una multa que a juicio de la entidad carece de «base» porque se actuó, a su juicio, «dentro de la legalidad hasta el final».

Para la ANC, «es injusta la ejecución de la sanción antes de que la Audiencia Nacional resuelva sobre el fondo de la cuestión» y, además, el Estado busca «hacer daño al honor y la reputación» de la entidad.

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