El Govern busca sortear a los directores para abrir los colegios
La posibilidad de que el 1 de octubre haya menos colegios electorales que en una convocatoria electoral ordinaria no disgusta a la Generalitat
Tras presionar, sin respuesta, a los alcaldes socialistas para que cedan locales municipales con miras al referéndum ilegal del 1 de octubre, la Generalitat de Cataluña enfoca ahora su estrategia hacia los directores de los centros educativos, esenciales para garantizarse las sedes electorales de la jornada. Según ha podido saber ABC, el Gobierno autonómico estudia cómo articular la orden para que estos profesionales, responsables en máxima instancia de las instalaciones, les cedan las llaves el día "D". Del mismo modo, contemplan la posibilidad de prescindir de los centros que sean de titularidad municipal para concentrar las votaciones en los que sean propiedad del Ejecutivo de Puigdemont, y así no depender de la afinidad de los distintos alcaldes.
Fuentes políticas señalaron por otra parte a ABC que la posibilidad de que el 1 de octubre haya menos colegios electorales que en una convocatoria electoral ordinaria tampoco disgusta a la Generalitat , en tanto que se conseguiría de este modo la buscada imagen de largas colas ante las mesas de votación.
Evitar presiones
Enfrente, los sindicatos educativos reclaman al Govern «garantías para preservar a los directores de cualquier responsabilidad» y están cerrando una propuesta que dirigirán a la consejería para que se eviten situaciones de presión como las que vivieron estos profesionales durante la consulta del 9-N, en 2014. La Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC.OO.) de Cataluña considera que el departamento que dirige Clara Ponsatí debe emitir el requerimiento a los directores por escrito, a través de los Servicios Territoriales de Enseñanza, y que en este documento debe constar explícitamente que quedan totalmente eximidos de cualquier responsabilidad.
«No permitiremos que ningún trabajador quede desprotegido», indicaron a ABC portavoces de esta central. Otra de las reivindicaciones del sindicato a la Generalitat es que «antes de enviar el comunicado a los centros, lo remitan a las sindicatos».
Los sindicatos piden garantías
UGT coincide con Comisiones Obreras en la necesidad de que los trabajadores de la enseñanza queden blindados ante cualquier represalia. Ustec, sindicato mayoritario entre los profesores, por el contrario, se mostró públicamente partidario a que se vote en las escuelas. La Generalitat, para tranquilizar a las centrales, apuntó que los colegios electorales «los abrirá el Govern».
En este contexto, la consejera Clara Ponsatí, nombrada el pasado mes de julio por su lealtad inquebrantable al «procés» independentista tras la purga en el Ejecutivo catalán de los «tibios» con la causa del referéndum ilegal –entre ellos la anterior consejera, Meritxell Ruiz–, dio ayer un paso al frente para anunciar que toma las riendas del Consorcio de Educación de Barcelona (CEB) –participado en un 60 por ciento por la Generalitat y un 40 por ciento por el Ayuntamiento–, tras destituir al hasta ahora presidente, Lluís Baulenas.
El Consistorio barcelonés y algunos sindicatos educativos ven este movimiento de cargos como una clara estrategia del Gobierno autonómico catalán para tener el control absoluto de las escuelas municipales de cara al 1-O . Aunque fuentes de la Generalitat desvincularon esta decisión de la consulta de octubre, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, reveló que fue la propia Ponsatí la que le dijo que daba el paso por «motivos obvios», vinculándolo al 1-0.
