Forcadell esgrime la «libertad de expresión» y niega haber desobedecido al TC

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha remitido al Tribunal Constitucional (TC) un informe en el que niega haber desobedecido al alto tribunal y esgrime que permitió que el pleno aprobara las conclusiones del proceso constituyente catalán para no coartar la «libertad de expresión».

Forcadell ha enviado ya las alegaciones para defenderse del incidente de ejecución por desobediencia abierto contra ella a raíz de lo sucedido el pasado 27 de julio en el Parlament, cuando a instancias de los dos grupos independentistas de la cámara, Junts pel Sí y la CUP, permitió ampliar el orden del día del pleno para que, pese a la advertencia del TC, fueran votadas unas conclusiones que abrían la puerta a una vía unilateral hacia la independencia.

En el informe, de 17 páginas y con fecha de 8 de septiembre, Forcadell invoca la jurisprudencia del propio TC e incluso del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos para subrayar que la «obstaculización» de esa polémica votación habría vulnerado la «libertad de expresión y el derecho de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos».

Los derechos a la libertad de expresión y participación de los 135 diputados del Parlament, ha advertido, «podían ser conculcados si no se hubiese cumplido el Reglamento» de la cámara catalana, que según Forcadell la «obligaba» a aceptar la solicitud de modificación del orden del día del pleno para incluir esta votación.

El caso, recurrido por el Gobierno central y que podría acarrear sanciones cautelares o penales contra Forcadell, no tendrá una resolución inmediata, ya que antes el TC quiere resolver el recurso sobre la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que afecta directamente al modo en que el alto tribunal deberá abordar las consecuencias de la votación en el Parlament.

El informe de Forcadell enumera un total de seis alegaciones, en las que de entrada la presidenta del Parlament niega haber incumplido la sentencia del TC que anuló la declaración de inicio del proceso hacia la independencia aprobada por la cámara catalana el pasado 9 de noviembre.

En segundo lugar, también niega haber desobedecido el auto del TC que instaba a no elevar al pleno las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, que no descartan un proceso unilateral hacia la independencia.

Forcadell alega que, en virtud del Reglamento del Parlament, ni ella ni la Mesa de la cámara «tenían capacidad para limitar» el poder de los diputados que solicitaron ampliar el orden del día para aprobar las conclusiones del proceso constituyente.

Además, recuerda que «la Constitución no prohíbe ni pone límites al debate político, sino al contrario, ampara el derecho a defender, analizar y estudiar cualquier idea política».

En tercer lugar, Forcadell esgrime que en caso de haber impedido la votación habría «incumplido el Reglamento» del Parlament y se habría visto «afectado el núcleo de los derechos y facultades de los representantes públicos».

Cita, además, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para subrayar que la libertad de expresión se extiende también hasta aquellas ideas que «pueden resultar chocantes, molestas o perturbadoras o incluso crear una cierta división», dado que «esto constituye una parte esencial del pluralismo, la tolerancia y la apertura de mente que modelan» una democracia.

Por este motivo, añade, «no puede deducirse ningún tipo de responsabilidad jurídica« contra la presidenta del Parlament.

La cuarta y la quinta alegación insisten en que no se le pueden aplicar a Forcadell las sanciones previstas en la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y recalcan que «es del todo inexistente» la responsabilidad penal por la actuación de la presidenta de la cámara, "amparada por la inviolabilidad parlamentaria".

Por último, Forcadell se opone a la suspensión de las conclusiones del proceso constituyente aprobadas por el Parlament.