Barcelona crea una oficina y un buzón ciudadano contra la corrupción

El Ayuntamiento de Barcelona ha creado la Oficina para la Transparencia y las Buenas Prácticas (OTBP) para luchar «contra la corrupción y acabar con los espacios opacos», explicó ayer en rueda de prensa el teniente de alcalde, Jaume Asens. A través del Buzón Ético, los funcionarios y ciudadanos podrán denunciar anónimamente prácticas corruptas.

«Es una iniciativa que está comprometida con los valores de la honestidad y de la transparencia, del valor del principio de la prevención, de control democrático y de rendición de cuentas», dijo Asens, quien afirma querer «levantar la bandera de la regeneración democrática» con un proyecto que quiere acabar con las puertas giratorias para intentar «ser un ejemplo en el mundo».

Además, el Gobierno pone a disposición de la ciudadanía el Buzón Ético, una herramienta de participación mediante el cual cualquier ciudadano puede comunicar al Consistorio de forma anónima hechos y conductas contrarios a la gestión ética de la Administración, tanto de cargos electos como de cualquier funcionario municipal.

Recibida esta denuncia, se analizará y se actuará aplicando las medidas que se consideren.

La OTBP estará bajo la dirección del gerente municipal de Recursos, Joan Llinares, y estará formada por una red de 56 trabajadores que actualmente trabajan para el Consistorio, con una formación especializada en materia jurídica, económica y de sistemas de información, además de «un currículum impecable y una conducta ética y responsble». A través de esta iniciativa, el Ayuntamiento de Barcelona publicará informes específicos semestrales y una memoria anual.

Además de esta dirección, un máximo de 12 profesionales, «entre técnicos municipales y miembros reconocidos de entidades ciudadanas y profesionales» conformarán un Consejo Asesor para la Transparencia que no. Ninguno de los miembros del consejo recibirán remuneración alguna por su colaboración.

Por el momento, los miembros que configuran el consejo son: Simona Levi y Sergi Salgado, miembros del grupo activista Xnet; el periodista y exdiputado de la CUP en el Parlamento de Cataluña David Fernández; Miguel Ángel Mayo, miembro de Gestha, Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, y Enric Pons, miembro de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) y del Observatorio Ciudadano Municipal (OCM).

La activista Simona Levi, participante en la configuración de la oficina, ha asegurado querer «dar apoyo, no a una situación de delación, sino a romper el techo de cristal que hay para la ciudadanía».

Por su parte, el exdiputado de la CUP en el Parlament David Fernández, quien también conforma el consejo, ha cargado contra el «capitalismo de amigos», y ha remarcado la incidencia de la corrupción en la ciudad: «Recordamos el caso Palau, el caso de Hacienda y el caso Ciutat Vella, el caso José Mestre y las irregularidades contables del 2004».