El TSJCyL obliga a la central de Garoña a colocar un sistema de refrigeración para operar

El TSJCyL ha rechazado un recurso de la propietaria de la central de Garoña y da la razón a la Confederación Hidrográfica del Ebro, que estableció que la planta no puede devolver al Ebro el agua que utiliza en su refrigeración a más de 30 grados, por lo que tendrá que construir una torre de refrigeración.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León desestima así al recurso planteado por Nuclenor y obliga a la central nuclear a implantar un sistema de refrigeración, según la sentencia.

La Confederación del Ebro, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, estableció en 2013 que el agua no podía volver al embalse de Sobrón, en el Ebro, a más de 30 grados y, en cualquier caso, no podía calentarse más de tres.

Este pronunciamiento de la Confederación se produjo tras una denuncia de Greenpeace que aseguraba que el embalse de Sobrón alcanzaba temperaturas casi tropicales y era un nido de especies invasoras, como el mejillón cebra.

Según ha explicado a Efe Francisco Castejón, portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, la central solo tiene dos opciones para cumplir las condiciones que impone la CHE y el TSJCyL ahora: construir una torre de refrigeración, con un coste de entre 10 y 20 millones de euros, o parar la planta cada vez que supere la temperatura máxima, lo que sería más costoso y complicado.

Garoña obtuvo una concesión de la CHE para tomar agua del Ebro, que utiliza para refrigerar el reactor, lo que requiere unos 25.000 litros por segundo, que suponen 67 hectómetros cúbicos al mes.

Castejón reconoce que los nuevos sistemas para refrigerar el agua antes de devolverla al cauce fluvial son ahora más baratos que hace unos años, al sustituir las grandes torres -como la de la central de Trillo- por sistemas modulares, más pequeños y baratos, como los de las nucleares de Zorita y Almaraz.

Además, ha asegurado que los grupos ecologistas están «muy preocupados» porque están viendo muchos movimientos en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que está acelerando procedimientos y aprobando especificaciones técnicas que dan por sentado que la central seguirá activa al menos hasta los sesenta años, hasta 2031.

Castejón teme que no sea una decisión autónoma del CSN, sino que responda a «presiones» del Gobierno para acelerar la autorización solicitada por Garoña para seguir operando, aunque la planta lleva parada desde diciembre de 2012.

En su opinión, la decisión del Ministerio de Industria respecto al futuro de Garoña debería adoptarse en la próxima legislatura, porque si el CSN, que considera que en este momento es un «organismo pronuclear», lo autoriza y el Gobierno refrenda la prórroga, «dejarían las manos atadas a un futuro Gobierno para decidir el cierre», dado que podría dar lugar a indemnizaciones muy elevadas para la empresa propietaria, formada por Endesa e Iberdrola.