La Junta exhibirá la calidad de sus servicios para aprovechar la nueva financiación

Será cuando se cierre el nuevo modelo de financiación autonómica definitivo que está sobre la mesa cuando se pueda hacer una valoración definitiva, pero, por el momento, con los pasos dados por el grupo de expertos designados por las comunidades para la revisión del actual, el balance es «positivo». Así lo reconocieron ayer tanto el representante de Castilla y León en esa mesa de negociación, Jaime Rabanal, como la portavoz de la Junta, Milagros Marcos.

Y es que, señaló Rabanal, las bases sentadas en el documento presentado por los expertos al Gobierno central el pasado 26 de julio incluye que se «ha abierto un abanico» con parámetros a ponderar en el reparto «que pueden beneficiar a nuestra Comunidad». «El modelo abre posibilidades a que se puedan hacer mejoras» como «compensar» la pérdida de población en términos absolutos y se tenga así en cuenta ésta en términos ajustados, esto es, no sólo contabilizando los datos globales de habitantes, sino ponderando el coste de la prestación de servicios en función de los grupos de edad. Así, por ejemplo, que en educación se tenga en cuenta a los menores de edad o en sanidad y servicios sociales se valore a los que superan los 65, los 75 y los 85, además de atender a otros factores como la dispersión o la extensión.

«Tenemos los planteamientos técnicos y políticos para decidir» las «necesidades» de Castilla y León, subrayó el experto. Destacó que en el informe puesto sobre la mesa de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, «se abre la posibilidad» para que la Comunidad «no pierda e incluso podría mejorar» una financiación que desde que nació en 2009 bajo Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero se criticó por «insuficiente». En este sentido, Rabanal subrayó que en el documento «planteamos» cómo «hacer iguales» a «todos» los ciudadanos -objetivo de la financiación, recalcó-, de modo que «las necesidades de gasto las intentamos ajustar lo más posible al coste de los servicios».

En este sentido, la portavoz del Gobierno autonómico resaltó el «buen posicionamiento» de Castilla y León por la «buenas» valoraciones en la prestación de los servicios públicos. La Comunidad «es referente» en los informes educativos como PISA o está a la cabeza en la atención a la dependencia. Unas notas que quiere hacer valer para recibir recursos en la nueva financiación autonómica, en la que se abre la puerta a tener en cuenta esa población «ponderada». «El gasto tiene que ser eficiente», señaló Marcos, por lo que, añadió, «queremos que ese nivel de eficiencia se plasme» en el reparto de fondos.

Rabanal, quien ayer explicó al Consejo de Gobierno su trabajo y el informe de los expertos, apuntó que precisamente la propuesta de Castilla y León «abre la posibilidad» de ponderar y formular los criterios de reparto, de manera que «se calcule la población ajustada» para marcar la participación en la cesta común. Además, junto con otras tres comunidades, hizo un «voto particular» para que se mantenga el «statu quo», de modo que las autonomías «no pierdan financiación», ya que «no garantiza que haya más recursos» que en el actual. Precisamente, un modelo vigente cuya reforma Milagros Marcos incidió en que es «imperiosa». Lo que recibe Castilla y León del Estado por entregas a cuenta ronda los 6.000 millones de euros, mientras que el coste sólo de los tres grandes servicios públicos (educación, sanidad y servicios sociales) supera los 6.300 millones.

Rabanal también recalcó que «desde el punto de vista global» y «más allá de las generalidades» en las que se ha centrado para permitir el entendimiento, el informe redactado por los expertos «es un avance» respecto al actual modelo, ya que «define» su «arquitectura», frente a los hasta ahora aprobados en función de necesidades políticas o el momento. Supone, dijo, «realmente un planteamiento de Estado» de modo que, por ejemplo, considera el conjunto del sistema tributario para la financiación de los servicios.

La propuesta plantea dos fondos para nutrir el sistema. Por un lado, uno básico de liberación, dotado con los impuestos (ahora la participación es del 75%, aunque no se ha definido que parte de la tarta se repartirán las autonomías en el futuro). Por otro, uno de liberación vertical, con aportaciones del Estado para «garantizar la solidaridad» e «igualar» las capacidades fiscales de las regiones.