Los grupos de las Cortes aceptan modificar aspectos «técnicos» de la ley sobre regeneración

El informe («notas») elaborado por los letrados de las Cortes de Castilla y León sobre el proyecto de ley del Estatuto de los Altos Cargos a petición de la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, tuvo ayer respuesta en la reunión «informal» que mantuvieron los miembros de los distintos grupos parlamentarios que han participado en la tramitación de esta iniciativa legislatura. «Inédito», fue el calificativo más repetido al referirse a las alegaciones presentadas por los juristas y que derivó en el aplazamiento del debate del proyecto de ley en el pleno de ayer.

Un encuentro que sirvió para que los cinco grupos parlamentarios acordasen trabajar en las próximas jornadas para corregir, a través de enmiendas transaccionales, aquellas cuestiones técnicas o jurídicas recogidas en el informe.

Rechazaron, sin embargo, plantear las modificaciones de carácter político que plantean los juristas, al margen de las enmiendas de cada grupo que lleguen vivas al pleno. También reflejaron la sorpresa por lo ocurrido, si bien ningún portavoz quiso entrar a valorar las razones que han llevado a que un proyecto de ley emanado de la Junta esté parado por un informe jurídico elaborado a petición de la Presidencia de las Cortes, también del PP.

En cualquier caso, y pendiente de un nuevo encuentro que se celebrará el lunes, cuando se ponga sobre la mesa las cuestiones técnicas susceptibles de modificar, el portavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, señaló que los aspectos de oportunidad política recogidos en el informe, como la limitación de mandatos en los consejeros, es algo que forma parte del debate que se llevará al pleno. No quiso valorar «la decisión de la presidenta de pedir un informe, «porque está en su derecho», aunque reconoce que «el procedimiento es inusual, poco recomendable y no lo comparto». La procuradora socialista y viceportavoz, Virginia Barcones, mostró la disposición de su grupo de «tener las reuniones necesarias para corregir los vicios que constituyan un problema de legalidad». Eso sí, sin renunciar a su posicionamiento político, que es el que llevarán al pleno.

También la procuradora de Podemos, Natalia del Barrio, mostró la disposición de su grupo a «arreglar» el proyecto de ley a través de las enmiendas, si bien recordó que «desde el minuto uno dijimos que era necesario darse más tiempo para esta ley que se ha tramitado de forma muy precipitada y con la que había serias dudas legales». En cambio, el procurador de Ciudadanos, David Castaño, cree que el proyecto de ley tiene «más luces que sombras» pero «hay que encajarlo en el ordenamiento jurídico y a través de las enmiendas se puede adaptar».