Un informe jurídico de las Cortes carga contra la ley de regeneración de la Junta

Pese a contar con el visto bueno del Consejo Consultivo, donde no hubo ninguna objeción sustantiva, de los Servicios Jurídicos de la Junta y del propio letrado de las Cortes en la Ponencia en la que se debatió, el Proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos se ha topado a última hora con un informe encargado por la presidenta de las Cortes, Silvia Clemente, a los letrados, en el que se cuestiona muchos aspectos de una de las principales leyes de regeneración de la Junta con medidas muy demandadas por la sociedad en los últimos años.

Cuando estaba a punto de llegar al Pleno para su debate y posterior aprobación -estaba previsto para el miércoles tras pasar por comisión-, las notas de los jurídicos, que no serían vinculantes, tratan de poner en entredicho aspectos del proyecto como la limitación de mandatos a ocho años para el presidente de la Junta que, a juicio de los letrados, es un «contenido propio del Estatuto de Autonomía», negando también que un asunto así «se despache en una disposición adicional».

Se trata de un informe al que el portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Juan José Sanz Vitorio, no dio legitimidad alguna y llegó a calificar de «absoluto despropósito», que responde a una «intoxicación interesada de alguien que no quiere que haya un código ético y de austeridad y una limitación de mandatos». Insistió, además, en que se ha cumplido escrupulosamente con toda la tramitación parlamentaria.

«No hay precedentes de algo así, de que después de que esté dictaminado y con todos los requisitos reglamentarios se cuestione ahora su legalidad», señaló molesto el portavoz del Grupo Popular, quien no cree que tenga legitimidad alguna un informe que «son supuestas notas de los servicios jurídicos sin firma alguna».

Otro de los aspectos del proyecto de ley criticados en el documento se refiere al hecho de «si se puede obligar a los partidos políticos a participar en debates electorales» y que no se prevean sanciones para los que se nieguen, cuya obligación recoge la iniciativa legislativa, además de considerar que en los citados debates deben participar no sólo quienes tienen grupo parlamentario sino cualquier formación política con representación en las Cortes. En este sentido, Juan José Sáez Vitorio aseguró que «se trata de cuestiones de oportunidad política que se pueden debatir en el pleno, pero no de cuestiones de legalidad» por lo que, insistió en que es en el debate donde siempre cabe la posibilidad de introducir una enmienda transaccional y modificar el texto inicial. Rechazó, de esta forma, que se intente parar el proyecto de ley mediante el supuesto informe, un hecho que calificó de «muy grave y muy malo para el Parlamento». En otro punto, los letrados de las Cortes regionales alertan de que el proyecto de ley del Estatuto de Altos Cargos presenta «carencias de técnica legislativa» que podría permitir que, en contraste con la norma estatal, se pueda nombrar alto cargo a un «golpista» a un «juez prevaricador» o un condenado por «delitos de terrorismo», ya que la ley limita a los delitos contra la administración pública.

Tampoco da por válido este argumento Sanz Vitorio, para quien «es evidente que el texto hace referencia a aquellos delitos que pueden afectar al ejercicio profesional del alto cargo y que estamos hablando de corrupción y prevaricación». El informe jurídico también cuestiona que una Comisión de Ética de «componente político» sea la que sancione.