Política
La financiación de las residencias vuelve a enfrentar a Junta y diputaciones
Las instituciones provinciales gestionan en la Comunidad 23 centros asistenciales
No es la primera vez que el asunto se pone sobre la mesa porque para las diputaciones provinciales la gestión de las residencias de ancianos, de personas con discapacidad y de menores de su titularidad supone un «roto» en sus presupuestos, como lo calificó a ABC la presidenta de la institución provincial de Zamora, Mayte Martín Pozo. El Estatuto de Autonomía lo deja claro. La gestión de los Servicios Sociales corresponde a la Administración autonómica . La Reforma Local de 2013 también lo recogió en este sentido pero, al mismo tiempo, introdujo una moratoria para que los gobierno autonómicos tuvieran un tiempo para ajustarse a la nueva realidad y asumir esas competencias. Sin embargo, el tiempo ha pasado y, de momento, todo sigue igual a la espera de que se afronte la reforma de la financiación autonómica y también de la local.
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Y mientras llega ese momento, las diputaciones han vuelto a la carga, algunas más que otras, reclamando a la Junta una ayuda para financiar los servicios que se prestan en los 23 centros residenciales repartidos por las nueve provincias cuya gestión está en manos de las instituciones provinciales.
Rico, el primero
El primero en volver a plantear la necesidad de negociar con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades fue el máximo responsable de la Diputación de Burgos, César Rico, quien reclamó la creación de una comisión con los nueve presidentes para ver la forma en la que se puede abordar este asunto «sin ánimo de hacer enfrentismo», pero sí reconociendo las limitaciones de unos y otros para caminar hacia una transferencia ordenada de la competencia. La institución que preside Rico gestiona cinco residencias, con un presupuesto que supera los 31 millones de euros y un déficit, descontadas las cuotas de los residentes, que alcanza los 16.
La Diputación de Ávila sólo dispone de un centro residencial, pero los 6,3 millones de presupuesto se convierten en un sobreesfuerzo. Además, para su presidente, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, «la gestión de estos servicios la hace mejor la Junta» y así se lo han reiterado en numerosas ocasiones de ahí que también se muestre abierto a «abrir negociaciones, reunirnos a todos y buscar el modelo óptimo», sobre la base de que «en servicios sociales la Junta es referente».
Su homóloga en Zamora, Mayte Martín Pozo, por su parte, recuerda que no es la primera vez que su corporación aprueba una moción en la que reclaman a la Junta la financiación del cien por cien de las competencia impropias . Por eso, aunque reconoce que el asunto «está vinculado a la financiación» apuesta por que «la Junta aborde este asunto» y si no aporta el cien por cien «que al menos contribuya con algo». Lo que sí quiso dejar claro es que «hay muy buena disposición para sentarse a hablar».
También el presidente de León, Juan Martínez Majo, reclama más financiación e, incluso, está de acuerdo con el burgalés César Rico en que es necesario sentarse a negociar el traspaso de las denominadas «competencias impropias». No obstante, asegura que se mantendrá la gestión de los cuatro centros residenciales con que cuenta la Diputación leonesa y que supone un gasto para sus arcas de 18 millones de euros. En cualquier caso, quiere dejar claro que «estamos preparados y tenemos capacidad», pero es necesario «una financiación adecuada».
Reivindicación «histórica»
Menos contundentes se muestran los presidentes de las diputaciones de Valladolid y Segovia. El primero, Jesús Julio Carnero, recuerda que se trata de «una reivindicación histórica» y, de hecho, la Ley de Ordenación del Territorio ya recogía que había que procurar el traspaso de estas competencias pero, de momento, el texto legislativo sigue paralizado a la espera de un acuerdo parlamentario en las Cortes regionales. Sin embargo, a su juicio «lo importante es la financiación local, de forma que «cuando se aborde, se negociará de una vez por todas». «El asunto de las residencias es secundario porque lo importante es tener una adecuada financiación local», insiste.
Mientras, para el segoviano Francisco Vázquez, «ahora no es el momento» de negociaciones que, en todo caso, «tiene que hacerse de forma global entre las administraciones provinciales y la Junta». También considera que «algunos de estos servicios los prestan mejor las diputaciones», y concluyó que «hasta que no se cumpla el siguiente acuerdo marco, no se debería hacer nada».
«Tanto la Ley de Servicios Sociales, como la de Personas Mayores o el Catálogo dejan claro que son competencias también de las corporaciones locales»
Tampoco es partidario de mover las cosas el secretario general de la Consejería de Familia, Jesús Fuertes Zurita. Es más, asegura a ABC que «a nosotros no se ha dirigido ninguna diputación pidiendo que nos hagamos cargo de sus residencias». «Todos queremos mejorar la financiación de nuestros recursos, no que nos hagamos cargo de ellos», puntualizó. Desde su punto de vista «la legislación en esta materia es bien clara y señala que los servicios sociales son competencia exclusiva de las comunidades autónomas y ellas tienen la capacidad de legislar cómo se distribuyen en su territorio esas competencias». Así, según explicó, «tanto la Ley de Servicios Sociales, como la de Personas Mayores o el Catálogo dejan claro que son competencias también de las corporaciones locales». En cualquier caso, apostó por que finalice el proceso de reforma de las financiaciones local y autonómica para ver en qué queda.
En el pleno de las Cortes
Las quejas de las diputaciones provinciales y su petición de que los centros residenciales, actualmente de su competencia, pasen a manos de la Junta o, en su defecto, ésta aporte la suficiente financiación será uno de los argumentos políticos que se p ondrá sobre la mesa en el pleno de las Cortes regionales que comenzará mañana.
De esta forma, se debatirá una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en la que pedirá un «reparto objetivo» de los recursos para financiar los servicios sociales que prestan ayuntamientos y diputaciones. El portavoz de los socialistas ya avanzó que en la presentación de esta iniciativa que las competencias que prestan las instituciones provinciales corresponden a la Junta, y señaló que están «infrafinanciadas».
