La Junta subirá los impuestos de Sucesiones y de Transmisiones en 2016

«Justicia tributaria». Con estas palabras ha definido el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, la ley de acompañamiento del Presupuesto para 2016 relativo a las medidas tributarias. Una justicia que se basa en el concepto de que pague quien más tiene.

Ruiz Molina ha detallado algunas de las novedades que se incluyen en el próximo presupuesto, cuyo anteproyecto ha sido tomado en consideración en el último Consejo de Gobierno del martes y que ahora tiene que pasar por el Consejo Consultivo para después pasar, de nuevo por el Consejo de Gobierno y convertirse en proyecto de Ley. Su aprobación en las Cortes Regionales, según el consejero, está prevista sobre el mes de marzo.

Además del incremento de las partidas para lo que el equipo de Gobierno socialista llama «emergencia social», con 600 millones de euros para «los ciudadanos», lo más destacado de las cuentas para el próximo ejercicio son las medidas tributarias.

Ni el IRPF ni el impuesto de Patrimonio «se van a tocar», ni se van a crear más medidas tributarias «ni vamos a confiscar las casas a nadie», asegura el consejero, tras las críticas recibidas por el PP sobre el incremento de impuestos.

Sí va a modificarse el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Se incrementa la bonificación al 100% para liquidaciones inferiores a 175.000 euros, «por lo que quedará exenta de pagar el 98% de la población regional», sin embargo, con sucesiones superiores a 175.000 la bonificación se irá reduciendo hasta un 80%. Es decir, quien reciba una herencia muy elevada tendrá que pagar más.

En cuanto al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, el tipo impositivo reducido pasa del 7 al 6% mientras que el tipo general se eleva del 8 al 9%.

Con este cambio impositivo, el Gobierno regional prevé recaudar 40 millones de euros más.

También el consejero ha destacado en esta primera presentación de los presupuestos el «saneamiento del sector público empresarial» que ha supuesto un gasto de más de 340 millones de euros para evitar la liquidación de Gicaman o Geacam, así como «la limpieza» de Radio Televisión Castilla-La Mancha.