Podemos lleva a un político canario y funcionarios al juzgado por tráfico de influencias
Acusa a las autoridades y técnicos de «mirar a otro lado» por dejar caducar el expediente de anulación de un contrato que tuvo un sobrecoste de 20 millones
El grupo de Podemos en el Parlamento de Canarias confirmó este jueves a ABC que ha presentado una denuncia contra el exconsejero regional de Obras Públicas, Domingo Berriel, de Coalición Canaria (CC), por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos por el sobrecoste de más de 20 millones de euros en la construcción de la carretera del norte de La Palma, la C-830.
En el escrito que los diputados regionales de Podemos han llevado a la Fiscalía en Santa Cruz de Tenerife se indica, entre otros aspectos, que «salta a la vista que se han tomado una serie de decisiones administrativas de forma arbitraria y contrarias a la ley».
El partido morado pide que se investiguen las «burdas y palmarias» sumas de dinero que, con sobrecoste, hay en la obra ejecutada. Podemos pide que se actúe además contra los técnicos de la Comunidad Autónoma que han podido participar en los hechos.
De las irregularidades sobre esta carretera, adjudicada en 2007 y aún pendiente de concluir, alertó inicialmente en el Parlamento el propio vicepresidente del Gobierno y consejero de Obras Públicas actual, Pablo Rodíguez, quien dijo que contenía graves irregularidades, pero luego decidió «mirar para otro lado» y dejar caducar el expediente de anulación del contrato, según ha declarado a la prensa el diputado Manuel Marrero.
Nueva Canarias
La diputada de Nueva Canarias, Esther González, apuntó el pasado mes de febrero «alguna responsabilidad la tiene que tener alguien», dijo en el Parlamento de Canarias. «Tiene todos los visos de todas las irregularidades del mundo», dijo González.
