Los juzgados contabilizan menos ERE, concursos y desahucios, pero más despidos

La administración de justicia no escapó de las repercusiones de la crisis socioeconómica. La actividad de los juzgados se ha incrementado notablemente en los últimos años por los casos relacionados con las estrecheces de familias y empresas. La escasez de recursos económicos disparó los desahucios, los concursos de acreedores y los expedientes de regulación de empleo (ERE), que han sido el pan nuestro de cada día, y la reforma laboral, cuando menos inicialmente, incluso propició más despidos. Tanto ha sobrecargado la crisis los juzgados que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) viene publicando trimestralmente informes sobre sus «efectos» en los órganos judiciales. Son precisamente las últimas estadísticas del CGPJ las que ponen de manifiesto que las cosas empiezan a cambiar, aunque no tan rápidamente como sería deseable, al menos no en Canarias.

El drama de los desahucios, por ejemplo, sigue siendo uno de los sucesos que más preocupan tanto a los ciudadanos como a las instituciones del Archipiélago. Las cifras oficiales corroboran, efectivamente, que en el primer semestre del año hubo menos desalojos en las Islas, un total de 2.393, pero igualmente revelan que el número aún no supone una disminución significativa. No en vano fueron 2.460 en el mismo período de 2013 y 2.518 en el de 2014. Es más, este año casi hubo los mismos desahucios entre enero y marzo (1.204) que entre abril y junio (1.189), lo que también evidencia la poca intensidad con que la salida de la crisis (salida en términos macroeconómicos) se manifiesta por el momento en las cifras. De esos casi 2.400 desalojos que tuvieron lugar en la región en los seis primeros meses del año, 1.204 ocurrieron en las islas de la provincia de Las Palmas y el resto, 1.189, en las de la demarcación de Santa Cruz de Tenerife (los guarismos son los mismos que los apuntados arriba por mera coincidencia estadística).

Sí se observa una sensible reducción, en cambio, en las ejecuciones hipotecarias, esto es, en los procedimientos que se inician en los juzgados para exigir el pago de la deuda, si bien el número aún es muy superior al de antes del estallido de la crisis. Los 579 procedimientos que se incoaron allá en el primer semestre de 2007 fueron 1.601, un 176% más, entre enero y junio de 2015. Con todo, hay que insistir en que aquí sí es palpable el decremento; tan es así, que las ejecuciones hipotecarias llegaron a 2.607 en el mismo período de 2010 y todavía fueron 2.230 en el del año pasado. De las 1.601 actuaciones de 2015, 813 se llevaron o llevan a cabo en juzgados de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y 788, en órganos judiciales de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Si la lupa de este análisis se acerca a las cifras de los concursos de acreedores, que también sirven a modo de indicador, estas descubren que los 86 del último semestre (51 se declararon en la demarcación de Las Palmas y 35, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife) son la cantidad más baja del período desde 2008. Ese año, cuando aún había quienes aseguraban que la crisis sería efímera, solo fueron 44 los concursos de acreedores, concursos que con el transcurrir de los ejercicios de estrecheces llegarían a cerca de 220 hace solo un par de años. En definitiva, también descubre una nueva coyuntura este apartado de la estadística, que incluye, hay que puntualizar, a los particulares que se han declarado en situación concursal, aunque su peso es irrelevante.

Expedientes de regulación

Estrechamente relacionados con los concursos de acreedores están los ERE, que han sido uno de los recursos más usados por las empresas para aligerar sus plantillas. Fueron 11 los expedientes de regulación que se elevaron a las autoridades de enero a junio, seis de empresas de la provincia oriental y cinco de entidades de la provincia tinerfeña. El total se reduce así a cifras de 2012, cuando también se contabilizaron 11 ERE, y supone seis menos que en 2013 y una docena menos que el año pasado, siempre en el período en cuestión (primer semestre).

No siguen esta tónica general las demandas por despido, que, por tanto, sí se incrementan. En los seis primeros meses del actual ejercicio se formalizaron 2.246 en la demarcación de Las Palmas y 1.420 en la de Santa Cruz de Tenerife, exactamente 3.666 en toda la comunidad autónoma. De modo que aunque son muchas menos que entre enero y junio de 2009 (en el apogeo de la crisis, cuando casi fueron 4.800 demandas), es asimismo cierto que son 191 más que en el mismo período de 2014, en que sumaron 3.475. Este incremento interanual se mitiga, no obstante, al comprobar cómo en enero-junio de 2013 las demandas por despido aún superaban las 4.000 (4.360).

No se nota en el día a día

Las fuentes judiciales con que ha podido hablar este diario confirman que en los últimos meses son menos los casos que se registran, aunque puntualizan que ello no significa que lo hayan notado los profesionales de la administración de justicia. La explicación que aclara esta aparente paradoja es simple: todavía se está trabajando en casos «de hace incluso años», de ahí que tenga que pasar tiempo hasta que realmente puedan advertir en la práctica la disminución del número de litigios de este tipo, que se había incrementado sobremanera a consecuencia de los siete duros años de crisis. Tanto se han acumulado los expedientes de regulación de empleo, los concursos de acreedores o las demandas por despido en los juzgados de las Islas, y de España en general, que el incipiente respiro aún ni siquiera es tal más allá de las estadísticas.