El precio de la nueva «memoria histórica» de Aragón: un millón de euros al año

En torno a un millón de euros es lo que le costará a Aragón anualmente la puesta en marcha de su nueva Ley de la Memoria Democrática, impulsada por el Gobierno aragonés PSOE-Chunta y que a su vez se enmarca en los compromisos de investidura a los que el socialista Javier Lambán llegó en su día con Podemos e IU.

El anteproyecto de ley ya está listo. En los próximos meses se convertirá en proyecto de ley y emprenderá su tramitación en las Cortes regionales.

El nuevo texto legal contempla un listado de actuaciones que van desde la elaboración de un «mapa de fosas» de fusilados durante la Guerra Civil, a la catalogación como bienes culturales protegidos de «lugares de la memoria» -enclaves que estuvieran relacionados con la Guerra Civil o la represión durante la dictadura-, pasando por el diseño de «rutas de la memoria», rutas escolares por esos enclaves, exhumación de fosas, pruebas de ADN para identificar restos óseos o la creación de un nuevo servicio, dentro de la Administración autonómica aragonesa, dedicado exclusivamente a gestionar todo lo relacionado con la «memoria histórica».

Todo el programa de acciones que prevé desarrollarse al amparo de esta ley costará del orden de un millón de euros al año. De hecho, según la documentación que maneja el propio Gobierno regional y a la que ha tenido acceso ABC, los gastos fijos y cuantificables rondarán los 800.000 euros anuales. Pero habrá más, así que la cifra final será superior. Según reconoce en esa misma documentación, al margen de ellos hay una lista de acciones y trabajos que también se realizarán y que no han sido cuantificados monetariamente, bien porque se considera que es imposible hacerlo en este momento -caso de los costes de las pruebas de ADN- o porque serán realizados con medios ya existentes en la Administración autonómica o en otras administraciones -lo que no significa que no lleve coste-.

Solo en lo relativo a personal, la creación de ese nuevo servicio autonómico dedicado a la «memoria histórica» supondrá, como mínimo, un gasto anual de 195.727 euros. Pero, como indican las memorias económicas de este anteproyecto de ley, eso se ha calculado contando la estructura «mínima» que deberá tener ese servicio, lo que significa que es más que probable que ese coste estimado se incremente. Como plantilla «mínima», prevé doctar a dicho servicio de una jefatura, un asesor técnico, un jefe de sección y un auxiliar administrativo.

Otros 250.000 euros anuales se irán en gasto corriente ligado al desarrollo de esta ley. Por ejemplo, 15.000 euros para encargar a una empresa externa la elaboración de un censo de desaparecidos y de víctimas del franquismo en Aragón, y la elaboración de protocolos para la toma de muestras de ADN y pruebas genéticas -lo que no está cuantificado es lo que costará luego la realización de esas pruebas de laboratorio-. También se prevén gastar 70.000 euros anuales en elaborar un «mapa de fosas» y en «revisar» el protocolo de exhumaciones; 12.000 euros en «elaborar un protocolo de actuaciones para dignificar las fosas comunes» -sin contar lo que luego costarán esas obras de «dignificación»-.

Asimismo, se prevén dedicar 6.000 euros anuales a mantener y gestionar una web oficial dedicada a la «memoria democrática», 12.000 euros al año para la celebración de «jornadas y homenajes»; o 10.000 euros anaules para organizar y llevar a cabo viajes escolares por las «rutas de la memoria».

Además, se prevén gastar otros 250.000 euros al año en subvencionar acciones de investigación, divulgación y fomento de asociaciones y entidades que trabajen en el campo de la «memoria histórica».

Y, como mínimo, se prevén dedicar otros 100.000 euros al año a la construcción de monumentos o similares en «reconocimiento» de víctimas, y para señalizar «lugares» y «rutas» de la memoria histórica en Aragón.