Piden para un sindicalista más de 10 años de cárcel por desplumar a su sindicato

Un sindicalista se enfrenta a una petición de condena de hasta diez años y medio de prisión, por haber desplumado a la Organización Sindical de Trabajadores de Aragón (OSTA) durante el tiempo en el que además disfrutaba de un contrato en esa organización como responsable contable y administrativo.

Tanto el sindicato en cuestión, que ejerce la acusación particular, como la Fiscalía coinciden en considerar probado que José Antonio S.C. cometió un delito continuado de apropiación indebida entre los años 2006 y 2013, y otro más de insolvencia punible al maniobrar para traspasar sus propiedades a su mujer e hija y, así, no responder económicamente si finalmente era condenado.

OSTA pide que, por estos hechos, sea condenado a 8,5 años de prisión -por los delitos de apropiación indebida e insolvencia punible- y a dos más por un delito de falssedad en documento mercantil.

Además, le reclama una indemnización de 450.000 euros.

La Fiscalía, por su parte, reclama para el acusado 5,6 años de prisión -no le imputa el delito de falsedad en documento mercantil- y que indemnice a OSTA con 326.607 euros.

José Antonio S. C. fue contratado como responsable económico y administrativo en septiembre de 2003. Tenía acceso a las cuentas de OSTA y era el encargado de la contabilidad y de gestionar pagos, entre ellos las nóminas de los trabajadores, las cotizaciones a la Seguridad Social y el abono de impuestos.

Según la Fiscalía, el fraude se destapó el 12 de marzo de 2013, cuando se personó en la sede de OSTA en Zaragoza una pareja de la Policía Local que les comunicó que los vehículos propiedad de la organización habían quedado embargados por impagos a la Seguridad Social.

Tras revisar las contabilidades empezaron a detectar agujeros económicos en cascada. Así, la Fiscalía detalla que entre las técnicas que utilizó figuró la de subirse el sueldo por su cuenta, sin autorización ni conocimiento del sindicato, lo que le reportó unos ingresos indebidos de 110.000 euros entre los años 2006 y 2013.

También aparecen transferencias injustificadas de fondos del sindicato a cuentas personales y el cobro de cheques que él mismo preparaba en su beneficio con cargo a las finanzas de OSTA. Una de las transferencias, por importe de 600 euros en concreto, la hizo a una cuenta de su esposa, María Ascensión A. G., y como concepto del abono anotó «nómina», cuando ella jamás había tenido relación laboral con el sindicato.

Estas prácticas, según indica la Fiscalía, provocaron un agujero en las arcas de OSTA de 326.607 euros. Desembocó también en abultadas deudas con la Administración, caso de los alrededor de 200.000 euros en impagos tributarios.

La Fiscalía también considera probado que el acusado planificó con su mujer e hija una operación para blindar ilegalmente su patrimonio (levantamiento de bienes) frente a las reclamaciones del sindicato por estos hechos. La pareja se divorció en noviembre de 2014, un año después de que el sindicalista -según relatan madre e hija en su escrito de defensa- intentara suicidarse y tuviera que ser ingresado en un hospital psiquiátrico.

La Fiscalía pide para madre e hija dos años de prisión por el delito de insolvencia punible, petición de condena que el sindicato eleva a 3,5 años de prisión para cada una de ellas.

Por su parte, tanto el abogado del sindicalista como el de su esposa e hija solicitan la libre absolución.