Intervenidas en Huesca 11 toneladas de carne de caza no apta para el consumo

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha evitado que llegaran al mercado 11 toneladas de carne de caza que no eran aptas para el consumo, al incumplir requisitos básicos de higiene y de control sanitario.

Según informaron este lunes fuentes de la Guardia Civil, en total se han intervenido 147 jabalíes y 15 corzos, parte de ellos en una nave industrial situada en la localidad oscense de Sabiñánigo y el resto en un camión frigorífico que circulaba por la autovía A-23 a la altura de Huesca.

La primera intervención tuvo lugar el pasado 19 de septiembre, en la nave de Sabiñánigo en la que se manipulaban ejemplares abatidos de jabalíes y corzos.

Los agentes del Seprona comprobaron que las instalaciones no estaban autorizadas para la recogida y manipulación de animales de caza. Además, observaron importantes anomalías en las instalaciones, entre otras la existencia de una cámara frigorífica que no funcionaba porque ni siquiera tenía suministro eléctrico.

En este mismo centro encontraron un remolque en el que encontraron colgados varios jabalíes y corzos abiertos en canal, así como una bolsa con vísceras cuya procedencia no pudieron identificar.

En total, recogieron 96 jabalíes y 5 corzos. El veterinario del Gobierno aragonés certificó que todas esas piezas no eran aptas para el consumo humano por incumplir las condiciones sanitarias necesarias para su conservación y carecer de documentación sobre el origen de las piezas.

Por estos hechos fue denunciado el propietario de la nave, por infracciones de la normativa legal que establece las condiciones sanitarias de instalaciones para la manipulación de carnes.

Los otros 51 jabalíes y 10 corzos fueron intervenidos el pasado 10 de octubre. Iban colgados en canal dentro de un camión que circulaba por la A-23 a su paso por el término municipal de Huesca.

Los agentes del seprona comprobaron que estas piezas carecían de las preceptivas guías sanitarias. Además, la temperatura del camión en el que se transportaban no garantizaba la conservación de la carne.

El veterinario del Gobierno aragonés que revisó la carga concluyó que estas piezas no eran aptas para el consumo, ya que podían suponer un «grave riesgo» para la salud pública, y ordenó su destrucción.