Sonia Castedo se enfrenta a una petición de diez años de cárcel

Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, los dos últimos alcaldes del Partido Popular en la ciudad de Alicante, se sentarán en el banquillo de los acusados en la causa abierta por las irregularidades detectadas en las adjudicaciones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. Los exalcaldes , alejados de la política desde 2014, se enfrentan a peticiones de cárcel que suman diez años.

En el auto de apertura de juicio oral dictado por el titular el juzgado de instrucción número cinco de la capital alicantina y contra el que no cabe recurso el juez aprecia indicios de la comisión de los delitos de cohecho; tráfico de influencias ; revelación y aprovechamiento de información privilegiada y corrupción de autoridades o funcionarios públicos; y revelación de información privilegiada facilitada por autoridad.

El procedimiento se centra en la revisión del PGOU y en cómo el Ayuntamiento gobernado por Alperi y Castedo instó a la Generalitat a su «aprobación definitiva inmediata» y «sin más trámite». El magistrado considera que en este caso se quiso favorecer «de forma sustancial al principal investigado», el constructor Enrique Ortiz, que compró suelo a un precio con «recorrido» porque sabía que iría a un proceso urbanístico.

El empresario, «una vez obtenida la aprobación municipal», revendía participaciones a «la propia entidad bancaria» que financió la adquisición y «extrae así una importante plusvalía». La exalcaldesa será juzgada por los delitos de información privilegiada por autoridad o funcionario; cohecho y tráfico de influencias, al igual que su predecesor en el cargo y mentor político, Díaz Alperi, mientras que el constructor Enrique Ortiz se sentará en el banquillo por tráfico de influencias y cohecho ya que se le excluye de la acusación inicial de aprovechamiento de información privilegiada que había sido incluida en el auto de procesamiento, de acuerdo con una resolución anterior de la Audiencia provincial y con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva.

En la causa figuran como acusadas otras seis personas. Entre ellas, los abogados Francisco Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa. En su escrito de calificación provisional, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que suman diez años de prisión para Díaz Alperi y Sonia Castedo e inhabilitación para cargo público durante 29 años y 24 respectivamente . Por su parte, para Enrique Ortiz, reclama ocho años de prisión y 10 años de inhabilitación. Además de las penas privativas de libertad, Fiscalía pide multas que ascienden a 86 millones de euros para el empresario; 63 millones para Luis Díaz Alperi y 126,5 millones para Sonia Castedo al considerarla responsable del delito continuado de tráfico de influencias en concurso media con el de prevaricación.

El juez ha acordado formar pieza de responsabilidad civil, y requiere a Ortiz, Castedo, Alperi y tres acusados más a que presenten fianza para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se pudieran declarar, y que el juzgado cifra en 1,33 millones de euros.