El PSOE propone multar con 500.000 euros el acoso discriminatorio a un miembro del colectivo LGTBI
Multiplica por más de 40 la sanción máxima propuesta por Podemos: 12.000 euros
La proposición de ley de Podemos contra la discriminación del colectivo de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales (LGTBI) está llevando a las fuerzas de la oposición a incurrir en serias contradicciones. Si la semana pasada Podemos se colocó en el centro de la polémica por incluir en esta ley sanciones semejantes a las previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana cuya derogación propone, el PSOE ha decidido ahora ir más allá, proponiendo una enmienda para endurecer la cuantía de las multas propuestas por Podemos hasta situar la máxima en en 500.000 euros.
La formación morada propuso inicialmente una cuantía tope de 45.000 euros para gravar actos de discriminación muy graves contra este colectivo, pero ante la polémica creada la semana pasada optó por autoenmendarse y rebajar hasta 12.000 la sanción máxima a imponer. La propuesta del PSOE supone endurecer más de 40 veces esta cantidad. Se da la circunstancia, además, de que uno de los argumentos que han utilizado reiteradamente los socialistas para criticar la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido el «excesivo» importe de las sanciones que plantea y que alcanzan los 600.000 euros en casos, por ejemplo, de almacenar o usar armas o explosivos incumpliendo la normativa.
Ahora los socialistas quieren gravar con 500.000 euros las conductas muy graves de discriminación contra el colectivo LGTBI, como «actos u omisiones que constituyan discriminación múltiple, las conductas de acoso discriminatorio, la presión grave ejercida sobre la autoridad, agente de la misma, personal funcionario o empleado público contra la ejecución de la nueva ley, y la comisión de una tercera o más infracción grave siempre que en el plazo de los dos años anteriores el infractor hubiera sido ya sancionado por dos infracciones graves». La sanción mínima por cometer cualquiera de estos actos debe estar fijada, según el PSOE, en 40.001 euros, mientras que para esta categoría de infracciones Podemos ve suficiente fijar multas de entre 6.001 y 12.000 euros. La motivación que aduce el PSOE para plantear esta propuesta es la «mejora técnica» del texto de impulsado por la formación morada.
En el caso de las infracciones graves, los socialistas pretenden que la cuantía de las multas parta de los 10.001 euros y pueda alcanzar los 40.000 euros cuando la formación morada propone que se limiten a entre 301 euros y un máximo de 6.000. Según los socialistas, deben tener la consideración de infracciones de este tipo «los actos u omisiones que constituyan una discriminación, directa o indirecta, por asociación o por error así como los que constituyan inducción, orden o instrucción de discriminar, toda conducta de represalia discriminatoria, el incumplimiento de un requerimiento administrativo específico en el ejercicio de las competencias derivadas de la nueva ley, la comisión de una tercera o más infracción leve siempre que en el plazo de un año anterior el presunto infractor hubiera sido ya sancionado». La Ley de Seguridad Ciudadana prevé entre 601 y 30.000 euros de multa para el t ráfico de drogas en locales, la intrusión en infraestructuras críticas, la perturbación de la seguridad ciudadana o el porte de armas prohibidas.
Pero incluso en la cuantía mínima de las multas, los socialistas van mucho más allá que el resto de los partidos al apostar porque las infracciones se sancionen con al menos 300 euros –el triple que la sanción mínima contenida en la Ley de Seguridad Ciudadana– que podrán crecer hasta los 10.000 euros. En esta categoría de sanciones Podemos considera que 300 euros debe ser el importe máximo a aplicar y a este apartado pertenecería la « i nobservancia de lo establecido en la nueva ley siempre que no contenga un efecto discriminatorio ni esté motivadas en una razón discriminatoria». La Ley de Seguridad Ciudadana, donde las sanciones en caso de infracciones leves oscilan entre los 100 y los 600 euros, para conductas como la celebración de manifestaciones ilegales, atentados contra libertad e indemnidad sexual, la ocupación de casas, daños a bienes muebles o inmuebles de uso público o privados, escalar edificios o monumentos sin autorización cuando haya riesgo de que se ocasionen daños o dejar sueltos a animales feroces en condiciones de provocar daños.
Junto a las cuantías de las sanciones, existen otros paralelismos entre la Ley de Seguridad Ciudadana y las enmiendas del PSOE a la proposición de ley contra la discriminación del colectivo LGTBI. Entre ellas, que los socialistas proponen introducir una subgraduación dentro de las categorías de infracción, para buscar la máxima proporcionalidad entre la infracción cometida y la sanción a recibir. Sin embargo, esta subgraduación fue una novedad introducida en su día por la Ley de Seguridad Ciudadana al permitir por primera vez distinguir entre grado mínimo, grado medio y grado máximo , dentro de cada tipología de sanción, leve, grave y muy grave. Los socialistas asumen como suyos incluso estos tres tipos de subgrados pese a que en el Congreso de los Diputados siempre han defendido la derogación total de la Ley de Seguridad asegurando que su contenido era tan extremo que no cabía su reforma.
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