Reforma constitucional - CiudadanosGirauta: «Es probable que el PNV tenga voluntad de acuerdo»

Parece que las resistencias a reformar la Constitución van venciendo, ¿cree que será ésta la legislatura de la reforma?

Creemos que una reforma constitucional es necesaria y así lo hemos puesto de manifiesto en las negociaciones para acordar la investidura, primero con el PSOE, después con el PP. El punto de partida debería ser el informe del Consejo de Estado sobre las modificaciones constitucionales de febrero de 2006, pero sin duda hay otros elementos que desde Ciudadanos queremos poner encima de la mesa: suprimir la figura de los aforamientos, despolitizar de la justicia, suprimir las diputaciones, reformar el Senado, limitar los mandatos a ocho años para el presidente del Gobierno, facilitar las iniciativas legislativas populares… Haremos todo lo posible para que esta sea la legislatura de las reformas y de La Reforma.

¿Con qué calendario la ve factible y con qué consenso la impulsaría? Si no se alcanza ese propuesto ¿cuál es su propuesta?

Lo importante no es el plazo, sino el acuerdo. Es necesario que se prime el consenso con los grupos parlamentarios constitucionalistas y con ello me refiero al Partido Popular, al Partido Socialista y a Ciudadanos. El diálogo es posible y no quiero ni debo imaginarme otro escenario que no sea un consenso de base amplia.

El encaje de Cataluña en España puede solucionarse desde una reforma de la Carta Magna. ¿Con qué fórmula?

No acepto el marco conceptual del «encaje». Desde Ciudadanos hemos propuesto un nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomasque pasa por reformar su Ley Orgánica para así impulsar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad que deben regir entre las distintas Comunidades Autónomas. Emprender las reformas institucionales necesarias es la mejor garantía para renovar el espíritu de la transición democrática. Las fantasías secesionistas presentadas como «soberanismo» generan hastío y frustración.

Las dos últimas elecciones han puesto en evidencia dos vacíos en la Constitución. Por un lado el supuesto de ausencia de un candidato a presidente del Gobierno y por otro el papel del Rey como árbitro en esa situación. ¿Qué propone para solucionarlo?

Sin duda, el artículo 99 no previó una situación tan anómala. A mí también me preocupaba la ausencia de los mecanismos para controlar a un gobierno en funciones. Hay que recordar que el pleno del Congreso aprobó en abril presentar recurso ante el Tribunal Constitucional por conflicto de atribuciones contra el Gobierno.

¿Qué condiciones tendrían que darse para la reforma?

Un diálogo lo más amplio posible esconditio sine qua non, bajo la premisa de que ni la unidad de España ni la soberanía nacional son negociables.

Si los nacionalistas vascos y catalanes no participan será imposible repetir el consenso de 1978. ¿Eso desaconsejaría abordar cualquier reforma?

Sería deseable que las mismas fuerzas del 78 participaran activamente en la reforma constitucional. Es probable que el Partido Nacionalista Vasco dé signos positivos de voluntad de acuerdo; la nueva ConvergènciaDemocràtica, reconvertida en PDECAT, debe abandonar la vía secesionista, antes de cualquier consideración.

Sin el concurso de Podemos, un acuerdo amplio no sería posible. Descartan una reforma solo apoyada por PP, PSOE y C's.

Podemos debe decidir y aclarar a su electorado si apoya la vía secesionista en Catalunya o no. ¿Es para Podemos la soberanía nacional un principio negociable? La respuesta le corresponde al Sr. Iglesias.

¿Cuáles son los elementos centrales de reforma que C's ve posible acordar?

El punto de partida es el informe del Consejo de Estado del 2006. El informe incluía la supresión de la preferencia del varón en la sucesión al trono; la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea; la inclusión de la denominación de las Comunidades Autónomas y la reforma del Senado. Por otro lado, hay tres líneas que nos parecen estratégicas: la primera, los preceptos relativos a la regeneración democrática o a la reforma electoral; la segunda, una vez desarrollado el modelo autonómico, el cierre del Título VIII, contribuyendo a la claridad y transparencia del sistema; y, por último, la Carta Magna debería consagrar los derechos sociales que se han reconocido desde que fue promulgada.