Polvo en las togas

Extraña forma de impedir un referéndum. No se ha podido evitar que se convoque, ni que se publicite, ni que arranque la campaña, ni que los insumisos que lo han hecho posible dejen de serlo. Supongo que a la luz de esos hechos a nadie le extrañará que haya muchos ciudadanos que aún se pregunten con inquietud qué va a pasar el 1 de octubre. Rajoy pide que confiemos en él. Reclama un acto de fe. «No habrá referéndum». ¿Pero ha adoptado alguna medida eficaz que nos permita creerlo? ¿No es más cierto que los independentistas han podido hacer hasta ahora todo lo que se han propuesto? Entonces, ¿qué nos hace pensar que en los próximos días no va a seguir pasando lo mismo?

La respuesta que nos dan es que lo impedirá la acción de la justicia. Y ese es justamente el problema. Según parece, fiarse del Gobierno viene a ser lo mismo que fiarse de la justicia. Mal asunto. Ministros y togas no deberían ir en el mismo paquete. El Ejecutivo y el Judicial son poderes distintos y, en teoría, independientes. ¿O es que Rajoy, al pedirnos que confiemos en él, está dando entender que la justicia actuará como él quiera, cuando él quiera y con la intensidad que él quiera? ¿Son jueces y fiscales la voz de su amo? Que no debería ser así es un axioma democrático, pero hay ocasiones en que cualquier parecido entre el ser y el deber ser es pura coincidencia.

¿O acaso es casual que el fiscal haya recordado de repente que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la ley y se haya puesto manos a la obra? Esta semana ha citado a los 712 alcaldes que parecen dispuestos a colaborar con el referéndum para tomarles declaración, con la advertencia de que si no comparecen procederá a detenerles. Gracias a esa exhibición de musculatura de la Fiscalía, los ciudadanos hemos sabido que no hace falta consumar un delito para excitar la acción de la justicia. Basta con decir que se va a cometer para que la maquinaria judicial se ponga en marcha. Y si es así, ¿por qué diablos no había sucedido hasta ahora?

Llevamos tiempo inmemorial escuchando a centenares de independentistas que van a dar un golpe de Estado y, hasta donde yo sé, ninguno de ellos ha sido llamado por el fiscal para responder de su amenaza. Hace más de un año que el TC suspendió la resolución del Parlament que fijaba el calendario del camino a la independencia. Sus órdenes eran terminantes: impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir la suspensión acordada. Sin embargo, nadie hizo nada.

El fiscal estaba habilitado para llamar a capítulo a cualquier ciudadano, alcalde o no, que se jactara públicamente de querer colaborar con el plan de ruptura de Puigdemont y su cuadrilla. ¿Por qué no lo hizo? Mucho me temo que la respuesta correcta es así de amarga: porque a Rajoy y a los líderes políticos que se supone que le apoyan no les interesaba. Ni PP, ni PSOE ni Ciudadanos querían tensar la cuerda antes de tiempo.

No es censurable que los partidos quieran administrar los tiempos como mejor les parezca. Lo que sí es censurable es que la acción del fiscal quede supeditada al ritmo que marca la política. ¿O es que hay que defender la ley solo cuando conviene? ¿No habíamos quedado en que la cuestión de fondo de esta batalla consistía en defender el ordenamiento jurídico de quienes pretenden violentarlo a la fuerza? ¿Y de verdad se puede defender la ley incumpliéndola a la carta?

Pincho de tortilla y caña a que aunque logremos evitar in extremis la celebración del referéndum por ese procedimiento el polvo del camino dejará las togas hechas un asco. Vida para hoy y jaque en dos jugadas.