Muchas propuestas para reformar la Constitución y poco consenso

Los españoles aprobaron la Constitución de 1978 en referéndum con un 88,54 por ciento de «síes», frente a un 7,89 por ciento del «noes». Este dato es clave para empezar a hablar de la reforma constitucional que muchos partidos, la mayoría de los grandes, están proponiendo en su programa electoral. En realidad, son todos menos el PP. Su candidato, Mariano Rajoy, ha optado por no hacer una propuesta de reforma de la Carta Magna, porque «no es una prioridad», pero está dispuesto a escuchar a los demás. Es un paso, pero con una condición inexcusable: si se cambia el texto, tendrá que ser con el máximo consenso, el mismo que hubo en 1978. La tarea no es sencilla.

En este momento hay sobre la mesa propuestas de calado como la del PSOE, Ciudadanos y Podemos, a las que habría que añadir la de Izquierda Unida, y también la de UPyD. La socialista apunta a un modelo más federal, con más poder para las autonomías; la de Ciudadanos va en sentido contrario, quiere «blindar» el Estado de las Autonomías, para poner freno a las reivindicaciones de las comunidades de una vez por todas. La izquierda radical defiende el reconocimiento del «derecho de autodeterminación», y UPyD pide «la refundación del Estado» nada menos, con recuperación de competencias, como la Educación, para el Gobierno central.

El partido de Rivera propone eliminar el Senado; el PSOE quiere reforzarlo. Entre los socialistas hay quien defiende plasmar «la singularidad de Cataluña», y otros no. Ciudadanos pretende eliminar el Consejo General del Poder Judicial, y el PP lo tacha poco menos que de disparate. Rivera también quiere suprimir el concierto vasco y el convenio navarro, y el PP ha contestado con un rotundo «no». Y ya puestos, si se cambia la Constitución, Podemos propugnaría el reconocimiento del derecho de las comunidades autónomas para poder convocar un referéndum de independencia. La soberanía nacional pasaría a mejor vida.

Las diferencias en el punto de partida de las distintas formaciones sobre la reforma de la Carta Magna son, como se ve, abismales. Todos, menos el PP, quieren un cambio, pero prácticamente no coinciden en ningún objetivo. O casi.

Puntos de encuentro

Hay varios puntos en los que sería posible el acuerdo, y que incluso respaldaría el PP. Por ejemplo, todos apoyarían la modificación del artículo 57.1, para que el varón deje de prevalecer sobre la mujer en la sucesión en el trono. Todos aplaudirían también un cambio para incidir en el compromiso de España en el proyecto de integración europea.

El PP no ve mal que queden plasmados los nombres de las comunidades autónomas en el texto constitucional, y el resto, tampoco. E incluso podría llegarse a un acuerdo para que la financiación autonómica se recoja en la Constitución, y deje de ser así un arma arrojadiza. Los populares apoyan también la supresión de la Disposición Transitoria Cuarta, que permite la anexión de Navarra por el País Vasco. Ahí podría haber otro acuerdo, sin los nacionalistas, eso sí.

Acometer la reforma de la Constitución parece cuestión de tiempo, aunque por ahora los consensos sean mínimos. Tras su reciente reunión con Rajoy en La Moncloa, los sindicatos desvelaron que el presidente no vería con malos ojos que se formara una ponencia la próxima legislatura. Sería un primer paso para empezar a hablar.

La Constitución prevé una reforma de sí misma con un amplio consenso. Hay dos tipos: la «blanda» exige mayoría de tres quintos de Congreso y Senado y posible referéndum; la «dura», que afectaría al núcleo de la Carta Magna, incluida la sucesión de la Corona, implicaría aprobación, elecciones, nueva ratificación y referéndum.

En los 37 años que está a punto de cumplir la Constitución, se ha modificado en dos ocasiones. Han sido dos reformas mínimas, puntuales. La primera fue en 1992, se añadió «y pasivo», referido al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales. Se aprobó por unanimidad en el Congreso: 332 «síes» de 332 diputados presentes. La segunda reforma fue algo más conflictiva, aunque también tuvo un amplio consenso. Se efectuó en 2011, y cambió el artículo 135 para plasmar el principio de estabilidad presupuestaria. Se emitieron 321 votos,y 316 fueron «síes».

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