El presidente Mariano Rajoy, en el Pleno del Congreso - JAIME GARCÍA/ Vídeo: ATLAS

La Moncloa da otros dos avisos a los interventores municipales para cumplir la ley

Envía a todos los consistorios catalanes dos nuevas cartas con las advertencias del fiscal y un llamamiento a la responsabilidad

MadridActualizado:

El Gobierno de Rajoy ha enviado dos nuevas cartas a los secretarios e interventores de los 947 ayuntamientos de Cataluña, en las que notifica las advertencias de la Fiscalía sobre las consecuencias penales que tendría cualquier acto dirigido a celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, y hace un llamamiento a la responsabilidad de los funcionarios. Es un nuevo aviso a navegantes, van cuatro desde julio, con el que el Gobierno quiere afianzar el cumplimiento de la ley en los consistorios, cuando hay más de 700 que han mostrado su disposición a colaborar con los fines independentistas, a pesar de las prohibiciones del Tribunal Constitucional.

«Los ayuntamientos son clave para frenar el referéndum. Su papel es crucial. Si la consulta no tiene soporte municipal dudamos mucho que puedan hacerla», advirtieron fuentes de Presidencia.

Apoyo del Gobierno

En la nueva misiva enviada el martes, a la que ha tenido acceso ABC, el Ministerio de la Presidencia, a través de la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, se dirige a los secretarios e interventores municipales, funcionarios bajo potestad del Estado, muchos de ellos interinos, para informarles de las actuaciones anunciadas por la Fiscalía de Cataluña y su advertencia clara: «Cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores, dirigidas a tal fin (organización del referéndum)» será indiciariamente constitutiva de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos (este último penado con hasta ocho años de prisión y hasta veinte de inhabilitación, según subraya el fiscal).

Ayer miércoles, La Moncloa envió otra carta a los interventores, la tercera en una semana y la cuarta desde julio. En este escrito, que como los anteriores se adelanta por mail y luego se envía por correo, el Gobierno reitera su «apoyo y confianza en que se respete el marco constitucional y estatutario en ese Ayuntamiento, ante la convocatoria por parte del Gobierno de la Generalitat de un referéndum ilegal». El Ejecutivo recuerda a los funcionarios que el referéndum y los decretos que lo desarrollan han sido suspendidos por el TC, «por lo que no le obliga ninguno de sus preceptos».

«Queda fuera de toda duda la ilegalidad de cualquier acto dirigido a llevar a cabo el referéndum, por lo que ningún Ayuntamiento podrá ceder locales de titularidad municipal para las votaciones ni ceder espacios públicos para la colocación de publicidad o para la celebración de actos sobre la consulta», advierte Presidencia. «Es un llamamiento a la responsabilidad».

El Gobierno ha enviado algo más de mil cartas en cada comunicación, ya que en algunos casos se dirigen a secretarios e interventores por separado. Cada misiva tiene acuse de recibo obligatorio, por lo que nadie puede alegar que no conoció las cartas. La mayoría no responde, pero hay medio centenar, de media, que sí lo hace. Apenas una docena ha pedido «ayuda» al Gobierno, quien ha ofrecido a los interventores y secretarios los informes jurídicos necesarios para respaldar las advertencias sobre la legalidad que puedan hacer a los alcaldes rebeldes.

Pero también hay casos, La Moncloa los cifra en unos treinta, que contestan «fuera de tono, alguno con chulería», y aseguran que ellos no son responsables de lo que firme su alcalde. En realidad, el interventor debe dejar constancia por escrito de su advertencia sobre la ilegalidad de la firma que pueda llegar a estampar su alcalde. Sus funciones se centran en materia de fe pública, asesoramiento legal preceptivo, control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, presupuestaria y contabilidad, tesorería y recaudación.

En el Congreso, el presidente Rajoy hizo un llamamiento expreso y directo a los ciudadanos, para que no colaboren en el referéndum: «Si a alguien se le cita para ir a una mesa electoral, que no vaya porque sería un acto absolutamente ilegal».