Llarena estudia cuestionar la decisión alemana sobre Puigdemont ante el Tribunal de Justicia de la UE

El juez del Tribunal Supremo reacciona así a la decisión del tribunal alemán de rechazar la entrega por rebelión

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena ÓSCAR DEL POZO | Vídeo: Libertad bajo fianza para Carles Puigdemont (ATLAS)
Nati Villanueva

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El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena está estudiando cuestionar la decisión alemana sobre Carles Puigdemont ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según han informado fuentes jurídicas. El magistrado que investiga el «procés» está valorando plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE sobre la decisión marco de las euroórdenes de detención y entrega, el mecanismo comunitario para entregar a personas reclamadas.

El magistrado ha reaccionado así a la decisión del Tribunal de Schleswig-Holstein, que ayer calificó de «inadmisible» la entrega del expresidente catalán por el delito de rebelión, al descartar que existiese violencia según lo que exige el delito alemán de alta traición, el equivalente en su ley a la rebelión. Esa decisión limitaría un posible futuro juicio a Puigdemont en nuestro país.

Con este paso, si se culmina, el juez busca neutralizar los perjuicios que la decisión alemana provocaría en el proceso por rebelión, pues se podría dar la paradoja de que el principal líder del plan ilegal , Puigdemont, fuera juzgado por un delito con una pena menor que los demás partícipes del plan ilegal. El delito de rebelión castiga con hasta veinticinco años de prisión a aquellos que declaren la independencia de un territorio de España a través de un alzamiento violento y público , en el supuesto de que se cometa sin armas.

Al cerrar la investigación, el juez Llarena procesó por un delito de rebelión a trece líderes secesionistas, entre ellos el propio Puigdemont, al concluir que asumieron la violencia como un medio necesario para alcanzar la secesión por un camino ilegal. Según el magistrado, los antiguos gobernantes catalanes siguieron adelante con sus planes, que incluían un referéndum ilegal, a pesar de se preveía violencia, como según él sucedió en el acoso a la Guardia Civil el 20 de septiembre del año pasado.

Aquel día una masa retrasó la salida de la comitiva judicial que registraba la sede de la Consejería catalana de Economía y destrozó tres vehículos. La letrada de la administración de justicia tuvo que escapar por la azotea, camuflada entre el público de un teatro.

La cuestión prejudial que se plantea Llarena es un mecanimo procesal para interrogar al tribunal comunitario, con sede en Luxemburgo, acerca de la interpretación o el juicio de validez que le merece una norma o un acto de derecho de la Unión Europea.

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