El Gobierno quiere vetar las iniciativas de la izquierda contra sus reformas

El PSOE, Podemos y Ciudadanos han tardado menos de 24 horas, desde la constitución del Congreso, en registrar sus primeras iniciativas legislativas. En el caso de los dos primeros partidos, van dirigidas contra la línea de flotación de la política económica puesta en marcha por Mariano Rajoy en los últimos cuatro años, algo que tratará de evitar el Gobierno en funciones. Fuentes de La Moncloa consultadas por ABC explicaron que con la ley y el Reglamento en la mano, el Ejecutivo puede ordenar el veto si afectan a los Presupuestos Generales del Estado.

La formación de Pablo Iglesias fue la primera en pasar por el Registro de la Cámara: solo cuatro horas después de que Patxi López declarara constituido el Congreso, la diputada Auxiliadora Honorato hizo oficial la « Proposición de Ley 25 de Emergencia Social», con medidas relativas a la vivienda, la sanidad o la energía. Ayer, el PSOE presentó una batería de iniciativas legislativas, que incluyen la derogación de la reforma laboral, la subida del salario mínimo, la aprobación de un ingreso mínimo vital y una reforma fiscal, entre otras.

Ciudadanos también se unió a la carrera por presentar cuanto antes

proposiciones en el Congreso, aunque quiere estrenarse con un apoyo del Parlamento al Gobierno para hacer frente al desafío independentista. Albert Rivera anunció sus primeras medidas económicas, pero su debate no se plantea como inmediato.

Hasta ahora, los grupos parlamentarios esperaban a la investidura del nuevo presidente y a la formación del Gobierno para comenzar el debate parlamentario de sus iniciativas. No hay precedentes de plenos legislativos con un Ejecutivo en funciones, según fuentes parlamentarias. Pero los partidos de la izquierda de la Cámara tienen prisa, primero por tomar la delantera en la defensa de los derechos sociales, pero también para ganar tiempo ante la posibilidad de que esta sea una legislatura fallida.

Plazo de 30 días

Su celeridad puede chocar con el Reglamento del Congreso, donde se establece (artículo 126) que ejercitada la iniciativa, la Mesa ordenará su «remisión al Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios». El Gobierno tiene un plazo de 30 días para informar y dar su conformidad o no.

El plazo es fundamental en este momento, ya que si el Ejecutivo agota los 30 días, los grupos no tendrían tiempo de tramitar sus proposiciones, en el caso de que la legislatura fuera fallida y se repitieran las elecciones.

La pregunta es si un Gobierno que cesó con las elecciones generales y solo permanece en funciones puede ejercer esa potestad legal de informar y mostrar su conformidad o no con una proposición de los grupos parlamentarios. Los socialistas ya han dicho que no, que no le corresponde en ningún caso. En La Moncloa el criterio es muy diferente. De hecho, el Gobierno en funciones entiende que tiene plena potestad para informar de las propuestas de los grupos, «y tiene derecho a disponer de un mes» para hacerlo, según fuentes de La Moncloa.

Un Gobierno en funciones tiene restringidas muchas de sus capacidades, como la de aprobar proyectos de ley. Pero en La Moncloa defenderán a toda costa que puede y debe informar sobre la idoneidad de una proposición, desde el punto de vista presupuestario. «Esa facultad la mantiene intacta», advierten las fuentes consultadas, en la medida en que puedan verse lesionados «los intereses generales».

Será la Mesa del Congreso la que tenga que tomar una decisión sobre la tramitación de las proposiciones. «Estamos en terreno desconocido, no hay precedentes porque tampoco antes un grupo intentó debatir una ley sin un Gobierno formado» comentan en el Parlamento. Si la Mesa, en la que el PP tiene tres miembros de nueve, decide que no se debe pedir el criterio de un Gobierno en funciones, las iniciativas podrían empezar su tramitación. Si se hace con urgencia, habría tiempo incluso para aprobar las derogaciones de las reformas que pretende la izquierda, antes de una hipotética repetición electoral. Por eso el mes que reclama el Ejecutivo es fundamental.

El informe, según el Reglamento, es preceptivo, y tiene fuerza vinculante si, por razones presupuestarias, «se ordena el veto de la propuesta y la suspensión de su tramitación», según fuentes parlamentarias. Curiosamente, la opción del veto se empleó en las legislaturas de Zapatero, cuando se recurrió a ese procedimiento para bloquear varias proposiciones del PP.

En el caso de que la Mesa decida obviar al Gobierno en funciones y no le remita las proposiciones de ley para que informe, el Ejecutivo presentaría una protesta formal, sin descartar acudir a la vía judicial; además, emitiría igualmente su informe, para dar su parecer y expresar su conformidad o no, si es que afecta a los Presupuestos Generales del Estado ya aprobados a finales de 2015.