España

El Gobierno pide paciencia a los españoles: «Tengan confianza en la fuerza de la democracia»

La Moncloa responde a Puigdemont: «Que se deje de añagazas»

El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en La Moncloa
El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, en La Moncloa - IGNACIO GIL

El Gobierno de la Nación ha tomado este viernes una novedosa medida, en este caso para controlar la legalidad de las cuentas públicas catalanas e impedir que destinen un solo euro al referéndum ilegal. Se trata de la aplicación de la ley de Estabilidad, diferente a la suspensión de autonomía prevista en el artículo 155 de las Constitución. El Gobierno sigue sin descartar «nada», y pide a los ciudadanos que tengan paciencia «y confianza en la fuerza de la democracia».

El ministro de Hacienda ha subrayado que la medida adoptada hoy por la Comisión Delegada para los Asuntos Económicos, en La Moncloa, es «un sistema de control de pagos, y no afecta al ejercicio de competencias». Se activará la semana que viene, y si la Generalitat se declara insumisa una vez más, el Ejecutivo no descarta en absoluto dar nuevos pasos para impedir la ilegalidad.

Mientras, el mensaje del Gobierno sigue siendo el de proporcionalidad, prudencia y moderación, pero al mismo tiempo firmeza para impedir el referéndum. Por eso en la Moncloa se pide calma, porque la fuerza del Estado de Derecho acabará cayendo con toda su fuerza sobre quienes incumplen la ley.

El Gobierno no ha recibido, de momento, ninguna carta de Puigdemont dirigida a Rajoy. En todo caso, ha pedido al presidente de la Generalitat que se deje de «añagazas», porque nunca ha querido dialogar y su propuesta siempre ha sido referéndum sí o sí.

«El Gobierno hace un llamamiento a la cordura y la concordia», ha subrayado el ministro y portavoz, Íñigo Méndez de Vigo.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha informado a los líderes del PSOE y Ciudadanos, Pedro Sánchez y Albert Rivera, de la medida adoptada hoy por el Ejecutivo, sobre el mecanismo de control de pagos. También les ha explicado que se dará un plazo de 48 horas al presidente de la Generalitat para cumplir con el requerimiento de informar de los gastos de la Generalitat y comprobar así si se destina dinero público al referéndum ilegal. Si no lo hace, se activaría el mecanismo de control, de forma que el Estado controlará los pagos «esenciales» para garantizar los servicios públicos esenciales.

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