Cursos de formaciónEl Gobierno andaluz elude la noticia de ABC y habla de «incidencias administrativas»

El caso de Industrias Turísticas de Andalucía S.A. (Inturan), la empresa que supuestamente pagaba cenas y catering a empresarios y políticos con subvenciones para cursos de formación, ha suscitado la reprobación unánime de la oposición. PP, Podemos y Ciudadanos apuntaron ayer al Gobierno andaluz, que no se dio por aludido y se refirió de puntillas a estas irregularidades. PP y Podemos mostraron su convencimiento de que ha existido un sistema corrupto instalado en la médula del poder en Andalucía.

Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso, aseguró que lo sucedido con esta empresa «es una tragedia y un nuevo caso dentro de la corrupción institucionalizada que funciona desde hace muchos años en Andalucía». Juanma Moreno, líder del PP-A, tildó de «vergonzoso» el caso.

Juan Ignacio Moreno Yagüe, diputado de Podemos en la comision parlamentaria que investiga los cursos en Andalucía, tiró de ironía: «En este país, como decía una señora del PP de Valencia, parece que lo único que funciona bien es la corrupción, pues aquí lo mismo, lo único que ha funcionado bien es hacer que el dinero público no haya servido para el fin legalmente previsto. Pero ellos, como siempre, no se han privado de nada».

Hasta el partido naranja, puntal clave de apoyo a Susana Díaz en el Parlamento, lanzó reproches a la Junta de Andalucía por su falta de diligencia. Juan Marín, presidente de Ciudadanos en Andalucía, afirmó que su partido pedirá explicaciones en la Cámara por este asunto y le instó a actuar «con firmeza y dureza» con aquellos que «se hayan llevado dinero que no es suyo».

Casi todos los partidos se escandalizaron con el contenido del atestado de la Brigada Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía publicado por ABC. Los agentes sostienen que Inturan, que acaparó 9,66 millones de euros en ayudas para formación entre 2007 y 2012, tuvo «cierto trato de favor» del Gobierno andaluz amparándose en su «falta de diligencia» para pedir los reintegros y en que continuó dándole subvenciones sin haber justificado las anteriores. Pero estas graves acusaciones de la Policía recogidas en un informe que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, no obtuvieron contestación alguna en el Ejecutivo autonómico. Preguntado por la empresa Inturan, el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, dijo que ignoraba el referido atestado y que no valoran asuntos en trámite judicial.

Su respuesta fue de manual: si esa empresa ha cometido dicha irregularidad «tendrá que pagarlo», pues como los expedientes de las subvenciones se están verificando y no han prescrito se les pedirá un reintegro por las cantidades que se estimen «mal utilizadas». «¿Que puede haber algún tipo de incidencia administrativa? Pues sí, pero para nada delito ni menoscabo de fondos públicos», subrayó. El juez imputa a Vicente Carmona Ávila, administrador de Inturan, un supuesto delito de fraude en las subvenciones.