Génova estudia separar la presidencia del PP de la del Gobierno para evitar el descontrol

Mariano Rajoy repite continuamente que lo que más daño le ha hecho en las urnas ha sido la corrupción. «No sabéis hasta dónde estoy...» exclamó este fin de semana en Bilbao. Y ayer lo secundó uno de sus nuevos vicesecretarios, Pablo Casado.

El diagnóstico unánime en Génova parte de un hecho: desde que los populares llegaron al Gobierno a finales de 2011 la obligación de evitar el rescate europeo, que planeaba sobre España desde la primavera de 2010, imposibilitó atender otras emergencias. La más importante: crear un antídoto contra las tramas de corrupción que, aunque provenían de etapas anteriores a la llegada de Rajoy al Gobierno, iban salpicando la vida política a medida que avanzaban las investigaciones. «Uno de los fallos fue no estar pendiente de otras cosas que no fuera la economía», ha admitido el presidente en funciones ante la sangría de votos.

Aunque desde 2008 Rajoy depositó la confianza del «día a día» en la secretaria general, María Dolores de Cospedal, las responsabilidades institucionales de ambos -Gobierno y presidencia de Castilla-La Mancha- generaron «vacíos de poder», en palabras de un alto cargo popular, que «ahora deben ser subsanados». Tanto, que buena parte de los indicios que hoy investigan los jueces apuntan a los vasos comunicantes entre las administraciones (regionales y municipales) y la cúpula del partido. Desde el caso Bárcenas a los sumarios de la Gürtel, Púnica o Taula. El mismo hecho de que el gerente madrileño Beltrán Gutiérrez fuera despedido por la dirección nacional y dos días después rescatado por Esperanza Aguirre demostraría «los clamorosos fallos internos».

Partido «anticuado»

Por eso, el equipo más cercano al presidente se está planteando varias fórmulas para reorganizar el partido desde sus cimientos, haya o no repetición de elecciones. Muchos dirigentes reconocen en privado que «el PP está anticuado» y ha de ser cambiado de la cabeza a los pies. Admitida ya por la cúpula que «la elección de los candidatos ha de ser transparente y aproximarse al proceso de primarias», la más revolucionaria de las medidas que, según ha sabido ABC de fuentes del Gobierno, maneja el partido sería evitar que en la figura del jefe del Gobierno concurra también la responsabilidad de la presidencia de la organización.

De llevarse a cabo esta reestructuración, sería la primera vez que existiera una bicefalia en la cúpula popular. La nueva estructura se articularía sobre un vicepresidente o un presidente ejecutivo en la planta séptima con plenos poderes pero en sintonía con el Gobierno. Tanto Manuel Fraga, Aznar y finalmente Rajoy, ostentaron siempre la doble tarea institucional y orgánica. Los Estatutos del partido sitúan al secretario general como el cargo sobre el que reposan las obligaciones de dirigir el partido por delegación del presidente. De hecho, «es nombrado por el Comité Ejecutivo a propuesta del presidente», establece esa norma.

Además de las lagunas de poder de los últimos años en Génova, una de las razones para adoptar esta reforma orgánica, todavía en fase de discusión, es «la mala experiencia» que en muchos territorios ha tenido aunar ambas funciones. La misma fuente argumenta que «mientras en Madrid, el presidente del PP en la región fue Pío García-Escudero y el de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, no se produjeron irregularidades ni sombras de financiación irregular». Sin embargo, «la cosa cambió desde que en 2004 es Esperanza Aguirre la que se hace con todo el poder institucional y orgánico y nombra a dos de sus hombres de confianza en el Gobierno como secretarios generales. Francisco Granados e Ignacio González».

Lo mismo ha sucedido en la Comunidad Valenciana, donde Zaplana, Camps y Fabra han compatibilizado ambas funciones. El resultado: tanto en una Comunidad como en otra los jueces han descabezado la organización y obligado a Génova a nombrar sendas gestoras.