CATALUÑA

El TC estudia la reforma de la ley que le permitiría castigar a Forcadell por desobediencia

El Pleno tiene previsto abordar esta semana el recurso del gobierno vasco; solo después decidirá sobre la solicitud de la Abogacía del Estado para actuar contra el Parlamento catalán por incumplir el mandato del Tribunal

Sede del Tribunal Constitucional, cuyo Pleno verá esyta semana el recurso contra la reforma de su propia ley
Sede del Tribunal Constitucional, cuyo Pleno verá esyta semana el recurso contra la reforma de su propia ley - ABC
Nati Villanueva Madrid - Actualizado: Guardado en:

El Pleno del Tribunal Constitucional tiene previsto estudiar esta semana el recurso contra la reforma de la ley que le permitiría castigar a la presidenta del Parlamento vasco, Carmen Forcadell, por desobediencia.

Los magistrados prefieren resolver sobre la constitucionalidad de esa ley –cuestionada por sendos recursos de los gobiernos vasco y catalán– antes de decidir sobre el incidente de ejecución (por desobediencia a sus sentencias) que esa ley prevé, y que podría acarrear sanciones cautelares o penales para Forcadell. De esta forma, el hipotético castigo a la presidenta de la Cámara autonómica por desarrollar las leyes de desconexión estará supeditado a que el TC avale la reforma de la ley que lo regula. A su vez, la Fiscalía ya ha manifestado que no actuará contra el Parlamento catalán hasta que el TCse pronuncie.

El recurso contra la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, aprobada en el año 2015, prevé que el Constitucional pueda declarar la nulidad de las resoluciones que contravengan las que el propio TC haya dictado, previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano infractor.

Asimismo, está facultado para acordar la notificación personal de sus resoluciones a cualquier autoridad o empleado público que se considere necesario. También para recabar con carácter ejecutivo el auxilio de jueces y tribunales o de cualquier administración y poder público, que deberán prestarlo con carácter preferente y urgente.

Pero además puede puede tomar una serie de medidas coercitivas, como la imposición de multas de 3.000 a 30.000 euros a las autoridades, empleados públicos o particulares que incumplan sus resoluciones, acordar la suspensión en sus funciones de las autoridades o empleados públicos de la Administración responsable del incumplimiento e incluso exigir responsabilidades penales.

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