España aspira a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

España quiere ser de nuevo miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Nuestro país ha presentado su candidatura para hacerse con uno de los dos puestos que quedarán vacantes en el periodo 2018-2020 según señalaron a ABC fuentes diplomáticas.

La elección de nuevos miembros del Consejo para el citado periodo tendrá lugar en otoño de 2017, pero el Ministerio de Asuntos Exteriores ya trabaja en la preparación de la candidatura, entre otras razones porque España tendrá enfrente a dos duros rivales -Francia y Australia-, para hacerse con uno de los dos puestos que corresponden al grupo «Europa Occidental y otros», formado por 28 países y que tiene 7 representantes.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está integrado por 47 Estados, que se van rotando y ninguno de ellos tiene la categoría de permanente al contrario de lo que sucede en el Consejo de Seguridad.

No obstante, los países grandes suelen presentarse a menudo y logran con frecuencia ser elegidos. De hecho, España no consiguió su objetivo en el periodo 2008-2011 al perder por un voto frente a Francia y Reino Unido.

España vivirá, por tanto, una nueva disputa con otros dos países, para lograr un puesto, tal y como sucedió en 2014 cuando consiguió entrar en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente para el periodo 2015-2016, en competencia con Turquía y Nueva Zelanda.

La última vez –y la única- que nuestro país formó parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU fue en el trienio 2010-2013. Al ser el número de miembros mayor que el del Consejo de Seguridad, la frecuencia con la que se puede formar parte del mismo es mayor.

El Consejo Europeo de Derechos Humanos tiene su sede en Ginebra y fue creado en 2006 para sustituir al Comité de Derechos Humanos, dándole mayores funciones y agilidad, con la intención de velar por que los principios recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 sean respetados. Entre sus tareas está la de realizar informes sobre los países que violan esos derechos y hacer exámenes periódicos, cada cuatro años, sobre el cumplimiento del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Las decisiones son adoptadas por mayoría, pero dado el elevado número de miembros del Consejo y la heterogeneidad de los mismos, resulta difícil emitir informe excesivamente críticos con un país. Algunos Estados en los que hay serias dudas sobre el respeto de los Derechos Humanos ponen especial interés en formar parte del Consejo para frenar las resoluciones acusatorias. Así ha sucedido, por ejemplo, con Cuba y también con Venezuela, que será miembro del Consejo entre 2016 y 2018.