Caso del 3 por cientoDiez obras públicas adjudicadas por más de 167 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y la Guardia Civil se han centrado en esta cuarta fase de la investigación de la trama de corrupción del 3 por ciento en una decena de adjudicaciones públicas -dos de ellas están desdobladas- por valor de más de 167 millones de euros.

La mayoría de las empresas beneficiadas ya habían salido en las operaciones anteriores y los períodos en los que se hicieron las licitaciones, entre 2012 y 2014, coinciden con la etapa de Artur Mas al frente de la Generalitat y Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona.

El trabajo de reconstrucción de esas adjudicaciones se ha realizado, basicamente, a partir de la documentación personal intervenida a los implicados en los registros realizados desde el comienzo de las pesquisas, en especial agendas electrónicas y manuscritas y correos electrónicos; el análisis de los concursos convocados y la comprobación del tráfico de dinero entre las empresas adjudicatarias y sobre todo la fundación Catdem, de Convergencia.

La perspectiva conjunta de los datos es la que aporta las claves de lo que sucedía en Cataluña.

El ejemplo de la adjudicación de los túneles de la plaza de las Glòries de Barcelona ilustra perfectamente el modus operandi de lo que la investigación califica de organización criminal.

En noviembre de 2014 el Diario Oficial de la Unión Europea, y un mes después el BOE, publicaban la licitación de la citada obra pública por más de 85 millones de euros. Enero de 2015 era la fecha límite para la presentación de ofertas, mientras que quien contrataba era Bimsa, que presidía Antoni Vives, entonces concejal de Urbanismo y teniente de alcalde.

Anotaciones clave

Coincidiendo con esas fechas, Xavier Tauler, de Copisa, comienza a hacer gestiones con personas clave de Convergencia que sabía que podían echarle una mano en su propósito de conseguir la obra, si bien alguno de ellos no tenía relación directa con la adjudicación.

Resulta cuando menos extraño que quisiera tratar con responsables de un partido político un tema como éste, que es de pura y simple gestión de Urbanismo de un ayuntamiento, en este caso el de la Ciudad Condal.

No obstante, el entorno de Tauler conocía que también había tenido contactos directos con Antoni Vives, el presidente de Bimsa y con un papel clave en la empresa municipal. Para entonces, siempre según esas fuentes, ya tenía muy claro que su sociedad tenía muchas posibilidades de resultar adjudicataria de la obra como miembro de una Unión Temporal de Empresas (UTE) con otras constructoras con las que mantenía buenas relaciones.

Hasta ese momento el asunto presentaba perfiles extraños, pero por sí solos no serían suficientes para sustentar con una mínima base acusaciones de corrupción. La clave es la irrupción de Andreu Viloca, por entonces tesorero de Convergencia y también de sus fundaciones, quien al parecer, según los datos disponibles, se puso en contacto con el empresario para mantener una reunión.

No se conoce el resultado de la misma, pero sí que en esas fechas la sociedad de Tauler, Copisa, ingresa nada menos que 40.000 euros en la cuenta de Catdem en concepto de donación. Y resulta igualmente extraño que unos días después de que terminara el plazo de presentación de ofertas por las obras de los túneles la misma sociedad realizara un nuevo envío de dinero al mismo destinatario, esta vez de 25.000 euros.

En ese momento, claro está, podría pensarse aún que Copisa simplemente quería contribuir al buen desarrollo de las actividades de la mencionada fundación nacionalista. Pero es que en su entorno Tauler había confirmado que en efecto esa UTE de la que formaba parte su empresa iba a ser la elegida por Bimsa. Por si fuera poco, ese mensaje lo había lanzado antes de que se publicara el resultado del concurso, lo que finalmente sucedió a finales de febrero.

En esta última fecha, como estaba previsto, Bimsa adjudicó las obras a esa unión temporal de empresas en la que participaban, además, Benito Arnó e Hijos y Comsa. Es decir, todo apunta a que con la apariencia formal de un concurso público con todas las garantías se ocultaban una serie de actuaciones cuando menos de dudosa legalidad.

Mismo modus operandi

Las fuentes consultadas por ABC insisten en que el modus operandi se repite en cada expediente investigado, obviamente con las matizaciones propias de cada adjudicación. Precisamente esa reiteración es la que hace pensar que se trataba de una forma de actuar perfectamente planificada y que como objetivo último tenía hacer llegar a las arcas nacionalistas importantes cantidades de dinero.

Además de las diez adjudicaciones que han desencadenado la actuación de ayer, al parecer los investigadores podrían haber recontruido este «círculo vicioso» en otros tantos casos. No obstante, se quiere analizar la abundante documentación intervenida ayer -se ha acedido al contenido de varios ordenadores de los investigados- para decidir los próximos pasos que se deben dar.

Esta nueva fase de la investigación ha puesto especialmente bajo sospecha la adjudicación de obra pública por el gobierno municipal de Xavier Trias en Barcelona.

El juez encargado del caso ha decretado el secreto de sumario para garantizar el avance de unas pesquisas que han provocado un auténtico terremoto en el nacionalismo catalán. Y no hay que descartar que en el futuro se sigan produciendo actuaciones como las de ayer, ya que cada vez se dispone de datos más incriminatorios.