Detenido el empresario Tolo Cursach por la presunta trama de corrupción en la Policía Local de Palma

La Policía Nacional ha detenido este martes al empresario mallorquín Tolo Cursach, vinculado desde hace años sobre todo al sector del ocio. Además, han sido también arrestados dos de sus principales colaboradores, Bartomeu Sbert y Antoni Bergas. Estas actuaciones policiales están vinculadas a las investigaciones que desde 2013 están realizando el titular del Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, Manuel Penalva, y el fiscal Anticorrupción Miguel Ángel Subirán en relación a una presunta trama de corrupción existente en la Policía Local de Palma y también en el mismo cuerpo en el municipio mallorquín de Calviá.

Los agentes han registrado a lo largo de la mañana dos empresas del conocido empresario, así como también su propio domicilio, en una operación que está previsto que se prolongue a lo largo de toda la jornada.

La citada trama incluiría, entre otras actuaciones presuntamente irregulares, la manipulación de unas oposiciones en la jefatura del cuerpo, la extorsión y el trato de favor a diversos empresarios de locales de ocio de la Playa de Palma —con la connivencia de altos cargos locales del PP— o el amaño en la última adjudicación del servicio que controla el aparcamiento regulado en Palma.

El juez Penalva cree que la presunta «estructura corrupta» existente en la Policía Local de Palma se habría puesto en marcha en el mandato 2003-2007, en el que la popular Catalina Cirer era la alcaldesa de Palma. Dicha estructura habría continuado en los dos mandatos siguientes, con la socialista Aina Calvo y con el popular Mateo Isern como sucesivos primeros ediles. En cualquier caso, los investigadores consideran que Cirer, Calvo e Isern habrían sido ajenos a dicha trama.

En la actualidad, el alcalde palmesano es el socialista José Hila, que preside un equipo de gobierno conformado por el PSOE, la coalición econacionalista MÉS y Som Palma, que es la marca blanca de Podemos en la capital balear. El actual tripartito decidió en agosto del pasado año suspender de empleo y sueldo de manera indefinida a los exjefes de la Policía Local Joan Miquel Mut y Antoni Morey, quienes tenían la intención de reincorporarse al trabajo después de haber cumplido los seis meses de suspensión que les habían sido impuestos. Mut y Morey son dos de las personas investigadas —equivalente a imputadas— en la citada macrocausa.

Fue también en agosto cuando declaró ante el juez el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, que se desvinculó de cualquier posible irregularidad relacionada con este caso. Rodríguez había dimitido como dirigente local de su partido el pasado 4 de julio, días antes de ser imputado, tras ser obligado a ello por la dirección nacional del Partido Popular.

Con posterioridad, el pasado mes de diciembre, Penalva decretó el ingreso en prisión preventiva de cuatro agentes de la Policía Local de Palma, entre ellos el excomisario Rafael Estarellas. Tanto el magistrado como el fiscal consideraban que existían indicios suficientes de que Estarellas y otra agente habrían participado en una red de espionaje a jueces, fiscales y políticos. En la actualidad, Estarellas y dicha agente se encuentran en libertad con cargos.

Por su parte, los otros dos policías que hace dos meses también ingresaron en la cárcel habrían vejado y amenazado a una compañera del cuerpo por su condición de lesbiana. La agente afectada había denunciado esos hechos meses atrás y también que varias propiedades suyas habían sido dañadas de forma intencionada. Los cuatro detenidos negaron en su momento los cargos de los que se les acusaba.