Contratos de basuras financiaban fundaciones de Convergència

Adjudicaciones de millonarios contratos de basura a cambio de pagos a las fundaciones de Convergència y a funcionarios municipales. Este es el resumen de la operación realizada ayer por la Guardia Civil, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y que ha acabado con la detención de tres personas en la localidad gerundense de Lloret de Mar: Gustavo Buesa, empresario y exsocio de Jordi Pujol Ferrusola; el interventor del Ayuntamiento, Carlos Arbo, y el secretario municipal, Rafael García. Buesa fue arrestado por la tarde al regresar de Ibiza y hubo registros en su domicilio, en la sede de su empresa y en el ayuntamiento. Además se bloquearon las cuentas corrientes de las sociedades del implicado.

La operación Trueno es la sucesora de la Clotilde

, realizada en enero de 2013 contra responsables de varios ayuntamientos de Gerona, entre ellos Lloret de Mar, así como contra miembros de la mafia rusa que actuaban en connivencia con ellos. El alcalde de esa población, Xavier Crespo, de CDC, era el principal implicado en la trama.

De 2011

Ahora lo que se investiga son una serie de adjudicaciones millonarias de servicios de basuras y gestión de residuos a través de concesiones administrativas preparadas para beneficiar a una empresa concreta, en este caso GBI Serveis Saus, propiedad de Gustavo Buesa. Esta es la sociedad matriz, pero este hombre tiene otras, algunas de ellas con ramificaciones en el extranjero.

La primera gran adjudicación que llamó la atención de los investigadores fue la del servicio de limpieza de Lloret, en 2011. Ya antes la empresa de Buesa tenía la concesión, y había posibilidad de prorrogarla uno o dos años. Pero la proximidad de las elecciones municipales llevó al Ayuntamiento a convocar, de forma urgente, un nuevo proceso para adjudicar el servicio, y además por un periodo de tiempo especialmente largo: diez años, a razón de 8 millones cada uno, en números redondos.

Es fácil imaginar que la beneficiaria de la nueva adjudicación fue la empresa de Buesa, y ello a pesar de las irregularidades cometidas a la hora de cumplir con la la primera. El contrato recogía que la sociedad debía entregar los vehículos adquiridos al Ayuntamiento tras la finalización del contrato; no solo no sucedió, sino que éstos prestan servicio en otras localidades en las que también tiene la concesión de ese servicio, están vendidos a terceros o incluso alguno podría estar en el extranjero.

Un pliego «ad hoc»

El hombre clave para que Buesa obtuviera la concesión fue el interventor de Lloret de Mar, Carlos Arbo, que «inspiró» o fue la herramienta para transmitir las órdenes necesarias para hacer un pliego de condiciones «ad hoc». El primer encargado de redactarlo fue relevado del puesto. Este «trabajo» de Arbo pudo tener un precio: la contratación de dos de sus hijos en las sociedades del empresario.

Pero GBI se benefició de más adjudicaciones, en especial la construcción del Centro de Residuos Municipal en Lloret de Mar en 2008, por un importe cercano a los 30 millones de euros. Buesa recibió la concesión a pesar de haberse presentado otra oferta que mejoraba en medio millón de euros el coste del proyecto.

La verdad es que GBI estaba especializada en contratar con las administraciones catalanas, a las que debía más del 80 por ciento de su facturación. Los investigadores sospechan que esta era una razón excelente para que Buesa realizara cuantiosas donanciones a fundaciones relacionadas con Convergència, precisamente el partido que controlaba la mayor parte de las administraciones con las que trabajaba.

Entre esas fundaciones estaba la famosa CatDem, que ya ocupó grandes espaciones en los medios por el caso del 3 por ciento. En total, en tres años, de 2007 a 2009, aportó 550.000 euros a las arcas de esas entidades. También fue muy generoso con el equipo de hockey de su pueblo, al que abonó 200.000 euros desde 2006 a 2012, cuando lo presidía el ya citado exalcalde Xavier Crespo.

Un segundo empleo

En cuanto al tercer detenido ayer, el secretario municipal Rafael García, las fuentes consultadas por ABC señalan que también jugó un papel importante en las adjudicaciones a Buesa. Es significativo que durante muchos años, hasta 2013, recibiera dinero de un consorcio de tratamiento de residuos con sede en Santa Cristina de Aro, siendo además el único asalariado del mismo. Los clientes del consorcio son en su mayoría ayuntamientos —entre ellos, por supuesto, el de Lloret de Mar— y el principal proveedor GBI, que le facturó cantidades millonarias.

Los detenidos por esta causa comienzan a pasar hoy a disposición judicial.