Un empresario financiaba a fundaciones de CDC por adjudicaciones públicas de hasta 8o millones

La Guardia Civil ha comenzado la mañana de este miércoles en Gerona una nueva operación contra la corrupción que se centra en el conocido empresario Gustavo Buesa Ibáñez, propietario de GBI Serveis Sau, dedicada al reciclaje y la recogida de basuras. Los investigadores sospechan que financiaba a tres fundaciones de Convergència, entre ellas Catdem, a cambio de adjudicaciones.

La investigación está relacionada con la « operación Clotilde», en la que fue detenido el exalcalde de la localidad gerundense de Lloret de Mar, Xavier Crespo, y en estos momentos se realizan varios registros, entre ellos el del domicilio del empresario y el del ayuntamiento de la mencionada población.

Además del empresario, en la operación que se está realizando han sido detenidos el interventor del Ayuntamiento de Lloret de Mar, Carlos Arbó Blanch, y el secretario general del consistorio, Rafael García Jiménez.

El primero era el encargado de dar las órdenes oportunas para que los concursos se adjudicaran a la empresa de Buesa y el segundo también tenía una participación relevante.

Los encargados del caso han comprobado que GBI contrató a dos hijos del interventor, mientras que García cobraba de un consorcio de gestión de tratamiento de residuos cuyo principal proveedor es la empresa de Buesa.

Entre las adjudicaciones a la citada mercantil investigada, destaca un contrato de servicios por importe de 8 millones de euros anuales durante 10 años, lo que supone un total de 80 millones de euros en beneficio de GBI.

En lo relativo a este contrato, de las pesquisas realizadas por los investigadores, se ha desprendido que la citada mercantil se habría apropiado de medios materiales propiedad del citado Consistorio, parte de los cuales, habrían sido transferidos a terceras personas o utilizados por la referida empresa en otros servicios ajenos a la adjudicación, incluso a países extranjeros.

Igualmente, cabe reseñar por la elevada cuantía de la misma, la concesión otorgada a GBI SERVEIS SAU, para la construcción de un Centro de Tratamiento de Residuos Municipal por importe de casi 30 millones de euros.

En estos momentos los agentes realizan registros en la vivienda del empresario, situada en Lloret de Mar, en la sede de la empresa, en la misma localidad y en el ayuntamiento. Asimismo está previsto el embargo de las cuentas de la sociedad.

Otra de las operaciones que se investiga es la venta de las acciones de una sociedad en la que participaba junto a Jordi Pujol Ferrusola con la que habrían logrado un pelotazo de 16 millones de euros en apenas cuatro años. Los delitos que se investigan son los de cohecho, tráfico de influencias, apropiación indebida y fraude.

La nueva operación pone de nuevo en evidencia las conexiones entre la fundación de Convergència y de sus fundaciones afines con las adjudicaciones públicas. Un sistema que comenzó con Jordi Pujol en la presidencia de la Generalitat y que se mantuvo a lo largo del tiempo, según se comprueba con casos como éste o el del 3 por ciento.