¿Cómo queda la Justicia ante el 20-D?

Después de examinar los programas de los cuatro partidos políticos que, según las encuestas, tienen mayores opciones de formar gobierno, -siempre en coalición, de una u otra orientación ideológica-, es fácil encontrar una idea común en sus programas: como siempre, la Justicia es la gran olvidada y la gran desconocida. Sabemos que plasmar en un programa electoral las ideas programáticas con que se concurre a unas elecciones generales suele hacerse desde un plano general de exposición, sin descender a detalles ni adjuntar desarrollos complementarios, tantas veces necesarios para dar soporte a las ideas básicas. Pero aún así, en las medidas que en materia de Justicia se proponen por los principales partidos que concurren a las elecciones generales de este año, la APM encuentra en ocasiones una excesiva indefinición; otras veces un contraste difícilmente conciliable con la realidad; tampoco podemos omitir en este balance general una conclusión de atención deficitaria a los temas de Justicia: basta con ver la extensión de las propuestas de todos los partidos políticos en materia de vivienda, empleo, investigación y desarrollo, economía, etc., para afirmar que la reforma estructural y profunda que necesita nuestra Administración de Justicia pasa casi inadvertida, quizá obviando que la seguridad jurídica y el buen funcionamiento del sistema judicial son una garantía del desarrollo económico, de la protección de los derechos de los ciudadanos y, desde luego, del funcionamiento del sistema democrático de este país.

La economía o las políticas sociales parecen agotar la batalla electoral, ignorando que la Justicia es, en gran medida, la base de las posibilidades de garantizar un estado social y de Derecho, que constituye la esencia de todo lo demás. De nuevo da la sensación de ser una materia secundaria.

Entrando en un examen más detallado de estos programas, sí podemos destacar la propuesta del Partido Popular sobre lo que denomina «Estrategia Nacional de Justicia», si bien no llega a concretar cuál es esa estrategia y su fin. Desde la APM siempre hemos reclamado, -y lo seguiremos haciendo-, un gran pacto de todas las fuerzas políticas que acometa de una vez por todas la reforma que necesita nuestro sistema judicial. Pero esa reforma no puede ser a cualquier precio. En las elecciones del año 2011, el Partido Popular llevaba en su programa electoral, como ejemplo de la regeneración democrática que prometía, una reforma en el sistema de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial, por los propios jueces y Magistrados de este país. De hecho, en su toma de posesión, el ex ministro D. Alberto Ruiz Gallardón, prometió esa modificación de la LOPJ para permitir la elección de los vocales por quienes integran la carrera judicial. Muchos Jueces vimos en esa promesa la posibilidad de ser tratados como ciudadanos mayores de edad, en el pleno ejercicio de nuestros derechos políticos, y poder así, siguiendo el mandato constitucional, elegir a los 12 vocales del CGPJ de procedencia judicial. La realidad que se impuso fue otra. La LO 4/2013 modificó el sistema de elección, con una mayor intervención de los partidos políticos, mermando la despolitización esperada y generando un descontento en toda la carrera judicial.

En el programa del PSOE no se hace referencia alguna a la elección de los vocales del CGPJ pues solo señala que ha recurrido la reforma del gobierno actual, que hay que cambiar la estructura actual, pero no llega a establecer cómo entiende que debe hacerse la elección y acabar con la imagen de politización de la Justicia de la que sí habla en su programa. Lo que se echa en falta en la propuesta es claridad y concreción.

Desde luego, la despolitización del CGPJ no pasa por su supresión. Su labor como órgano de gobierno de los jueces está establecida en nuestra CE y si, como propone Ciudadanos, se suprime, estas funciones se asumirían quizá por el Ministerio de Justicia, como una Dirección General, y entonces la idea de politización, de sumisión de los jueces al gobierno de turno sería más profunda. Por ello esta propuesta electoral, de entrada, se presenta como una idea inasumible. No concebimos la razón de este retroceso constitucional ni entendemos cual sería el sistema de gobierno alternativo que pudiera, lejos de la órbita de influencia del poder político, adoptar las decisiones de gobierno judicial. Es preciso recordar que la razón de ser del Consejo, -no sólo en el modelo español-, es apartar del poder ejecutivo la adopción de decisiones que, aún indirectamente, pudieran afectar al principio constitucional de independencia. No podemos asumir, en absoluto, esta idea que afectaría a la línea medular de un poder judicial que, por cierto, ya es único en la Constitución. Y en la práctica. Si llegare a materializase su propuesta de que solo se ejerzan esas funciones por el Presidente del Tribunal Supremo y dos adjuntos, con un Presidente nombrado por el Parlamento, vemos difícil despolitizar un órgano constitucional si su Presidente es elegido directamente por el político. La desafección de los Jueces y Magistrados españoles con respecto al CGPJ es enorme. No conviene agravarla.

La APM ha defendido, y seguirá defendiendo la estructura del Consejo sobre el Pleno (dedicado a la resolución de las cuestiones más importantes) y un grupo estable de comisiones con capacidad resolutiva. Vocales en régimen de igualdad, todos con dedicación exclusiva. Los judiciales elegidos por la carrera judicial. Y, no nos cansaremos de decirlo: desde un compromiso político de estabilidad, apostando por alejar de verdad al Consejo del debate de cada cita electoral.

El programa de Podemos sí habla de una elección directa del CGPJ pero no dice por quién, del Parlamento, mediante asambleas populares…, si afectará a los 20 vocales, solo a los 12 de procedencia judicial, etc.

Desde la APM siempre hemos defendido un sistema de elección de los vocales del CGPJ, de los 12 miembros de procedencia judicial, por los propios Jueces y Magistrados, pues la elección por las Cortes Generales, por los partidos políticos, en su reparto de vocales según su representación parlamentaria, no hace sino politizar la imagen de nuestro sistema judicial. Cierto es que todos y cada uno de los Jueces y Magistrados de este país, en el ejercicio de nuestra jurisdicción, somos independientes, neutrales e imparciales, pero el sistema de elección de los vocales por los políticos lleva inexorablemente al ciudadano a ligar juez y política y esta imagen daña nuestra labor y sobretodo, nuestro sistema democrático, en cuya defensa la APM ha estado siempre comprometida.

Es necesario un gran Pacto por la Justicia de todas las fuerzas políticas sí, pero empezando por la modificación del sistema de elección de los vocales del CGPJ, que evite la politización de sus miembros, para evitar que esa imagen dañe también el trabajo que cada día hacemos los Jueces y Magistrados de este país ajenos a esa politización.

Es necesario que ese pacto acometa, de una vez por todas, una inversión real en Justicia. Las últimas reformas legislativas se han hecho a coste cero y es evidente que no puede modernizarse el sistema judicial español si no se invierte dinero. Todos los programas hablan de modernizar las leyes, cambiar las leyes procesales, cambiar la administración de Justicia, etc. pero ni uno solo dice, blanco sobre negro, cuánto dinero va a invertir, qué partida presupuestaria va a destinar para llevar a cabo esa modernización. Asistimos a grandes promesas, a grandes discursos, pero los Jueces no queremos cantos al sol, queremos medidas concretas; queremos que se implante el expediente digital con garantías, no a costa de nuestro esfuerzo personal; queremos disponer de medios personales y materiales para dar al ciudadano la respuesta a su conflicto y sabemos que para todas estas cosas es necesario destinar dinero. Parece exigible que quien tiene responsabilidades políticas o aspira a tenerlas, conozca los recursos de los que dispone y señale cómo va a destinarlos, y que lo haga en su programa electoral como compromiso que adquiere con la ciudadanía.

Del mismo modo que se habla de dotar de medios a la Abogacía del Estado, a las oficinas de atención a las víctimas, a los consumidores, etc., es evidente que la defensa final de los derechos de los ciudadanos se hará valer ante los Jueces y Magistrados, por ello, es necesario que los recursos se destinen también y de forma adecuada a dotar a los órganos judiciales de todos los medios precisos para el desarrollo de la función que tenemos constitucionalmente encomendada.

Hemos asistido recientemente a una reforma del Código Penal, aprobada solo con el apoyo el PP, por ello, no deja de ser sorprendente que ahora este mismo partido proponga en su programa electoral una nueva modificación, si bien no llega a concretar en qué aspectos se haría esa modificación. También el PSOE propone una modificación del texto penal que pasa, fundamentalmente, por la derogación de la prisión permanente revisable que ha introducido el partido del gobierno en la reforma citada. Además, señala este mismo partido que es precisa una revisión del Código Penal incrementando las penas para «delitos contra la sociedad». La propuesta es tan indeterminada que resulta difícil comentarla sin caer en errores por imprecisión. Esta clase de delitos no existe en el Código Penal. En cuanto a la propuesta de Ciudadanos sobre la mejora de lo Juzgados especializados en corrupción, no existen tales órganos judiciales por lo que no entendemos cómo pueden mejorarse.

Lo cierto es que el Código Penal debe ser siempre modificado con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, habida cuenta de que va a afectar siempre a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero no puede ser utilizado como arma arrojadiza entre los partidos, ni puede ser fruto de la improvisación ni mucho menos debe hacerse a golpe de titular.

De forma general se dice en estos programas electorales que se van a reformar las leyes procesales si bien no llega a concretarse en qué consistirán dichas reformas. La modernización de las leyes procesales ya se ha convertido en un tópico. De hecho tanto Partido Popular como PSOE lo anuncian en su programa, sin embargo, ni se concreta el enunciado ni se ajusta a la realidad judicial. De todos modos, reforzar el arbitraje, como afirma el Partido Popular, viene a ser un reconocimiento indirecto de las carencias del sistema judicial, y a sustentar este motivo no podemos resignarnos. Pero, además, se olvida que la rapidez en la respuesta al ciudadano y en la solución de su conflicto no pasa solo por la modificación de las leyes procesales y el acortamiento de sus plazos, es necesario que se reduzca la carga de trabajo de los órganos judiciales y ello solo puede hacerse incrementando el número de órganos judiciales, con la modificación de la Ley de Planta, y una vez más, con la inversión presupuestaria suficiente.

Desde luego, el incremento del número de Jueces no puede hacerse con la creación de un cuerpo de Jueces y Magistrados suplentes como defiende Ciudadanos porque desde la APM siempre hemos defendido la idea de Juez de carrera, de Juez profesional. Estamos sometidos al cumplimiento de la CE y al imperio de la ley. Desde este compromiso, desde nuestra concepción de Juez constitucional, no alcanzamos a comprender qué código deontológico quiere elaborar para nosotros Ciudadanos, más allá del cumplimiento de la ley, salvo que a través de este «código», se pretenda una creación de juez a la medida, una «doma» del juez que no se adapte a nuestra ideología.

Con respecto al fin del aforamiento que propone Ciudadanos, no podemos mostrar si no nuestro acuerdo, si bien, conviene conocer cuál es el origen constitucional de esta figura, más allá del uso partidista y torticero que se ha hecho en algunos casos.

Con indudable decepción, una vez más, podemos constatar que la apuesta por la Justicia sigue siendo la gran ausente del debate político. Más allá de la «estrategia nacional» que propone, -aunque no concreta-, el Partido Popular, parece que no existe afán de conciliar la voluntad de los actores políticos en la búsqueda de un verdadero Pacto de Estado que concentre los pilares esenciales del planteamiento del sistema judicial y lo sitúe con vocación de permanencia, por encima de los cambios políticos que puedan sucederse al menos a medio plazo en la sucesión de gobierno.

La APM puede proponer, con absoluta coherencia esta línea de estabilidad. Al fin y al cabo, sus planteamientos vienen siendo desde hace tiempo conocidos. Y la realidad política nos muestra que es necesario seguir aportando ideas, como siempre lo hemos hecho. Estaremos también el día 21, colaborando y participando como operadores jurídicos de primer orden, desde nuestra concepción de la función de Juez, como servidor público, y desde la firmeza en la defensa de la independencia judicial como sostén del sistema democrático.