Los argumentos de la Fiscalía para que Ignacio González siga en prisión por la trama del Canal

El supuesto cabecilla de la trama del Canal Isabel II, Ignacio González, reconoció en su declaración ante el juez que recurrió «a alguna persona del Ministerio de Justicia, Ministerio Fiscal o Judicatura» para conocer el estado de la investigación contra él, aunque aseguró que no recordaba a quién.

Así consta en el escrito con el que la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a la liberación del expresidente de la Comunidad de Madrid, al que ha accedido ABC y en el que también se relata que Ignacio González admitió que contactó con «algún alto cargo de la Policía Nacional para saber cómo estaban algunas cosas y conocer si tenían algún informe que le afectase».

El Ministerio Público, que considera necesario que González siga en prisión para no entorpecer la investigación, le acusa de ampliar su círculo de influencia en el mundo judicial, fiscal y policial para «lograr la impunidad de sus acciones», un objetivo que no ha logrado, pues duerme en la prisión madrileña de Soto del Real desde el pasado 21 de abril, acusado de liderar la trama que corrompió la gestión del Canal, la gran empresa pública que suministra de agua a los madrileños y que se expandió por Iberoamérica.

Los fiscales exponen estos argumentos para justificar que el antiguo delfín de Esperanza Aguirre «ha demostrado una capacidad real de acción para interferir en el normal desarrollo de la investigación por vías ilícitas». Liberar a González le permitiría destruir o manipular pruebas y ocultar fondos públicos, concluye la Fiscalía Anticorrupción, que explica que «hay programadas» nuevas diligencias para esclarecer lo sucedido.

El escrito también deja claro que existe riesgo de que González se fugue, a pesar del arraigo familiar que alegó para salir de prisión. De hecho, los fiscales dan la vuelta al argumento y aseguran que la mayor parte de «la familia» del expresidente regional participó «presuntamente» en las actividades de corrupción investigadas.

La necesidad de cuidar de su padre de avanzada edad y su residencia en Madrid con sus tres hijas (la mayor de las cuales se casa próximamente) no son suficientes, por ello, para hacer desaparecer el riesgo de su huida.

Los fiscales del caso explican que el vínculo del círculo de González terminó por superar los lazos familiares y de amistad para aglutinarse en torno a la mera actividad delictiva. «Estos vínculos han trascendido de la mera relación afectiva o profesional para forjarse como un pacto delicitivo, es decir, una unión cuyo principal nexo es el conocimiento, la participación y la ocultación de "componendas ilícitas pagadas con dinero público"».

En otro escrito, el Ministerio Público también rechaza la excarcelación de Edmundo Rodríguez Sobrino, el enlace de la trama en Iberoamérica, por su capacidad económica para huir y su capacidad para acceder a testigos y pruebas del caso, como prueban sus «graves presiones» a los directivos de La Razón –periódico del que es consejero–, para que ellos coaccionarán a los políticos y frenarán la investigación. La Audiencia Nacional decidirá.