El Supremo se rebela contra las injerencias del Ejecutivo en las resoluciones judiciales

Trece magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo han dirigido un escrito al presidente del Alto Tribunal, Carlos Lesmes, para que se dirija al presidente del Gobierno con el fin de que cesen las injerencias del Ejecutivo sobre el modo en que los jueces tienen que computar las penas de los terroristas.

En un escrito que no han suscrito cinco miembros de esta Sala, los magistrados se muestran muy molestos con declaraciones como las del ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, o de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando han defendido que los jueces no descuenten a los delincuentes etarras las condenas que les impusieron los tribunales franceses.

En concreto, se refieren a las críticas de Fernández Díaz a los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia Nacional por liberar al histórico dirigente etarra «Santi Potros», o a los comentarios previos a la celebración del Pleno del martes, en el que los magistrados iban a estudiar el recurso del etarra Kepa Pikabea contra la acumulación de sus condenas.

«Quienes suscribimos este documento, sin añadir calificación alguna respecto a ese comportamiento de un miembro del Gobierno, interesamos de la Presidencia de esta Sala Segunda, que haga saber al presidente del Tribunal Supremo nuestra desazón por tales manifestaciones. Así como que interese del mismo que, si considera que las mismas no son adecuadas, ni guardan el debido respeto a este tribunal, lo haga saber al presidente del Gobierno, recabando de este la reacción institucional que ponga coto a manifestaciones como las que denunciamos».