Urkullu distingue solo a las víctimas que comulgan con su plan

El Gobierno vasco otorgará su premio anual René Cassin de Derechos Humanos al grupo de víctimas, tanto de ETA, como del GAL o «de abusos policiales» que participan en su programa educativo dentro de las aulas vascas. También a aquellas que formaron parte de la experiencia «Glencree», de encuentro entre los damnificados de «distintas violencias». Se premia así solo a las víctimas que, voluntariamente, trabajan en la ecuación de la llamada convivencia o «reconciliación», también en relación directa con sus victimarios. Desde la pasada legislatura, bajo el mandato del socialista Patxi López, se han impulsado en esta misma dinámica los llamados «encuentros restaurativos» en prisión, con miembros de ETA arrepentidos y sus víctimas.

En total, según el comunicado ofrecido ayer por el Gobierno de Iñigo Urkullu, se distinguirá a 42 víctimas, como «reconocimiento a su aportación a la convivencia en Euskadi».

Se quiere premiar su «esfuerzo de empatía». Su contribución ha sido reconocida a través de su participación en el módulo «Adi-adian» del actual Ejecutivo, o en anteriores programas de víctimas educadoras, y en la experiencia «Glencree». Hasta ahora, los sucesivos equipos de gobierno habían mantenido en el anonimato a estas víctimas colaboradoras, y la incógnita es si asistirán al acto que tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, «Día de los Derechos Humanos», que presidirá el lendakari. En todo caso, se conoce la participación de algunas de ellas, como Carmen Hernández, la viuda del concejal del PP, Jesús Mari Pedrosa, muy activa en este tipo de iniciativas. En la etapa de Patxi López fueron quince los damnificados por el terrorismo que acudieron a los colegios, muy poco entusiasmados, según se reconoció, con la iniciativa. Pero la llegada al poder del nacionalismo permitió ofrecer una mayor variedad de testimonios, incluidos los de la «violencia policial», y más centros se sumaron a este programa.

Desde el Gobierno se ha evitado aclarar qué víctimas de los «abusos policiales» han colaborado en su programa educativo, yendo físicamente a los colegios para dar testimonio directo de la «violencia del Estado», o bien por escrito. Como tales han sido reconocidos los dos miembros de ETA fusilados por el régimen de Francisco Franco, «Txiki» y «Otaegi», aunque se desconoce si sus familiares están entre los «educadores».

Homenaje al juez Lidón

Por otra parte, ayer se celebró en el palacio de Justicia de Bilbao el homenaje anual al magistrado de Viacaya José María Lidón, asesinado por ETA hace trece años. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Juan Luis Ibarra, pidió que «no quede sin esclarecer ninguno de los crímenes» cometidos y reclamó que se establezca «la responsabilidad de los culpables». Ibarra recordó que, al igual que en otros 300 casos, a día de hoy, «el autor del asesinato no ha sido aún juzgado», ni se ha disuelto «la organización liberticida» que los ordenó.