Montero Aramburu ficha al núcleo duro de Roca Junyent en Madrid

La firma sevillana Montero Aramburu se afianza en Madrid con una operación de envergadura. El despacho ha incorporado a tres nuevos socios con sus correspondientes equipos provenientes del despacho Roca Junyent. En total se incorporan 11 abogados , incluidos los socios Isidro del Saz (fiscal), José Antonio Cahadía (civil, concursal e inmobiliario) y María Martínez-Avial (laboral).

El despacho se embarca así en un nuevo y ambicioso proyecto, a cuyo efecto ha trasladado su sede madrileña a unas nuevas oficinas situadas en la calle de Ayala 27 , dotadas de espacio suficiente para abordar la presente ampliación de la firma, por la que se ha duplicado el número de profesionales en Madrid, así como los planes de expansión de futuro. La oficina de la capital de España seguirá estando dirigida por el socio de la firma Ricardo Astorga Morano.

Los nuevos socios son Isidro del Saz , que fichó en 2001 como socio del departamento fiscal de Roca Junyent, donde ha ocupado también el cargo de socio director de la oficina de Madrid y miembro del Consejo de Administración del bufete. También entra José Antonio Cahadía, exsocio director de las áreas de D erecho Civil , Concursal e Inmobiliario en la oficina de Roca en Madrid; y María Martínez-Avial, socia del departamento laboral.

«El despacho llevaba tiempo con la mirada puesta en Madrid, donde abrimos una pequeña oficina en 2014, como plaza clave para la expansión de la firma. Éramos conscientes de que sólo con un equipo amplio, fuerte y competitivo en Madrid podríamos cumplir el objetivo de situar a nuestro despacho como una de las firmas jurídicas de referencia a nivel nacional», indican los socios directores del despacho, Enrique Montero y Armando Fernández-Arámburu .

Montero Aramburu, fundado en Sevilla en 1971, es un despacho multidisciplinar español con oficinas en Madrid, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Huelva y Córdoba, siendo la firma de abogados de referencia en Andalucía y Canarias. Cuenta con más de 200 personas, incluidos más de 150 abogados y economistas, entre los que se incluyen 15 socios y 6 consejeros. En 2017 facturó 14,5 millones de euros.