Uber y Cabify obtendrán miles de licencias en España por la vía judicial

Las aplicaciones de empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify, obtendrán próximamente miles de licencias gracias a los recursos judiciales planteados entre 2009 y 2013, en virtud de la Ley Ómnibus que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en su segunda legislatura. Esta normativa, que suprimió la ratio de concesión de una licencia VTC por cada 30 de taxi, estuvo vigente durante este periodo y ha dado lugar a un aluvión de reclamaciones en los tribunales superiores de justicia de las comunidades autónomas, que en gran parte de los casos se han pronunciado a favor de los titulares de este tipo de licencias, según detallan fuentes del sector.

La incorporación de nuevos vehículos VTC contribuiría a quebrar, aún más, la relación 1-30 recogida en la actual norma: en toda España existen 65.670 autorizaciones de taxi y 5.928 de VTC.

Es decir, 3.740 de estas últimas licencias se han derivado de sentencias favorables durante los últimos años, ya que si se respetara el límite marcado por ley estas se deberían situar en 2.188.

Aunque la legislación para el arrendamiento de vehículos con conductor presente desde 2013 ha puesto fin a la concesión de nuevas licencias de VTC, el Gobierno no cuenta con competencias para frenar la concesión de nuevas licencias recurridas en el ámbito judicial, pese a que se supere la ratio fijada por ley.

Ante esta perspectiva, el Gobierno apela a la colaboración de las administraciones implicadas (comunidades autónomas y ayuntamientos) en las labores de inspección y sancionadoras. Para ello considera prioritario reforzar la creación de grupos específicos formados para detectar las irregularidades que se produzcan en los servicios VTC tanto en la Policía municipal como en la Guardia Civil, los cuerpos de seguridad con competencias en materia de tráfico.

Reunión con Fomento

Este será uno de los puntos que se abordarán en la reunión prevista el próximo martes en el Ministerio de Fomento, a partir de las 19.00 horas, entre el Ejecutivo, la Federación Española de Municipios y Provincias, las comunidades autónomas y los principales ayuntamientos del país, un encuentro en el que, según fuentes del departamento ministerial, «se va a intentar transmitir la necesidad de incrementar los controles» a los vehículos VTC.

En lo que llevamos de año, solo en Madrid, se han impuesto más de 1.000 sanciones (de los 2.223 automóviles con licencia VTC en la comunidad), principalmente por «captación de clientes», motivo de multa para vehículos de Cabify y Uber. Los coches de ambas firmas, además, requieren una «contratación previa» para ofrecer sus servicios (es decir, no pueden, como sucede con el taxi parar por la calle).