El SEPE pagó 563 millones en prestaciones por paro indebidas hasta 2013, según el Tribunal de Cuentas

El Tribunal de Cuentas ha lanzado una nueva bomba sobre la gestión del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), esta vez, sobre el pago de prestaciones indebidas. Según el último informe del organismo fiscalizador, la institución pública habría abonado erróneamente un mínimo de 562,9 millones de euros repartidos entre 320.396 deudores hasta el 31 de diciembre de 2013. Una cifra que podría llegar a alcanzar los 769 millones con 418.272 beneficiarios dadas las «incoherencias, inconsistencias y errores» que, según denuncia el Tribunal, ha encontrado en los datos que le ha remitido el propio SEPE. «Ha proporcionado tres cifras distintas en relación con el número de deudores y el saldo de la deuda por cobros indebidos de prestaciones, en función de la fuente de información utilizada», subraya el Tribunal.

«Estas diferencias denotan contradicciones, así como un control deficiente, lo que no permite una adecuada gestión de los cobros indebidos», denuncia el informe.

Y es que según las estadísticas elaboradas por los Servicios Centrales la deuda pendiente de recuperar asciende a 582,29 millones euros con 324.814 deudores, mientras el inventario apunta a 418.272 deudores y un agujero de 769 millones. Por último, los datos remitidos al Tribunal de Cuentas por las Direcciones Provinciales señalan 562,9 millones de deuda con 320.396 deudores. Para más inri, el organismo fiscalizador denuncia haber encontrado entre estos pagos hasta 81,6 millones de euros que fueron abonados antes del 31 de diciembre de 2009 y por tanto se trataría de deudas «presumiblemente prescritas», esto es, incobrables. A todo ello, hay que añadir otros 47,2 millones a los que, según el inventario del SEPE, ascienden las deudas de perceptores derivadas de la responsabilidad empresarial. De esta cifra, el Tribunal de Cuentas advierte que el 52 por ciento «se podría calificar de muy difícil cobro».

El informe del Tribunal es una extensa denuncia sobre la gestión del SEPE respecto a este tipo de cobros. Para empezar, cuando sus funcionarios pidieron el inventario de deudores se encontraron con que el organismo no disponía de dicho inventario. «No se contabilizaban las liquidaciones notificadas a los deudores pendientes de reintegrar, lo que es contrario a los principios de contabilidad pública», denuncia el Tribunal. «La ausencia de un registro contable de los registros de cobro supone la no aplicación de lo establecido» en la legislación española, prosigue el informe, antes de hacer hincapié en que el Servicio de Empleo tampoco «dispone de una base de datos histórica sobre los cobros indebidos generados y su evolución», lo que le permitiría realizar «un adecuado control y seguimiento de los deudores por prestaciones indebidas».

Fue a instancias de esta investigación cuando el SEPE elaboró su primer inventario de deudores que, sin embargo, no coincide con las cifras de las Direcciones Provinciales. Una diferencia que obedece, según el Tribunal, a que estas últimas contemplan como prescritas, compensadas, reintegradas o inexistentes hasta el 32 por ciento de las deudas que el SEPE clasifica como pendientes de cobro.

No es el único fallo en la comunicación interna dentro del Servicio. El Tribunal dice haber «constatado» que «no todas» las Unidades del Fondo de Garantía Salarial comunican a las Direcciones Provinciales la existencia de pagos de salarios de tramitación, que esta información se remite «con manifiesto retraso y que es muy dispar». Todo ello «repercute negativamente en la detección y tramitación de los deudores por cobros indebidos», subraya el texto. Y aún hay más lagunas. El Tribunal concluye que el Servicio Público de Empleo no realiza «contrastes específicos» con el Registro Civil para la detección de cobros indebidos generados por el pago de la prestación a personas ya fallecidas, ni tiene acuerdos con los Servicios Autonómicos y el Consejo General del Poder Judicial para conocer si los beneficiarios de prestación incumplen alguno de los requisitos necesarios para seguir disfrutando de la ayuda, como el rechazo de ofertas de empleo o el fallo de sentencias favorables en caso de despido. «La falta de la información anterior dificulta que el SEPE detecte posibles cobros indebidos derivados de dichas situaciones», critica el Tribunal. Pero incluso cuando el Servicio llega a detectar estos cobros fraudulentos, la respuesta del SEPE puede no ser la adecuada para recuperar el dinero público. Así, en el periodo fiscalizado el Servicio de Empleo no disponía de un manual de cobros indebidos por prestaciones de desempleo. El organismo que preside Ramón Álvarez de Miranda ahonda en este punto al criticar que los Servicios Centrales «no cumplen su función de homogeneizar y coordinar las actuaciones de las Direcciones Provinciales» en la gestión de los pagos indebidos, mientras éstas «no utilizan» los «numerosos» listados que tienen a su disposición para recuperar estos fondos. Las carencias o limitaciones informáticas, la dilación en los plazos y las incidencias son otros fallos sobre los que alerta el Tribunal, antes de concluir que «dado el volumen de la deuda generada» los medios técnicos de los que disponen las dos grandes direcciones provinciales, Madrid y Barcelona, son «insuficientes» para poner al día todos estos cobros.