«En ocasiones, en España ser moroso es ser simpático»
Las novedades legislativas podrían mitigar la dolorosa factura de un problema enraizado: una de cada tres empresas cerradas en la crisis lo hizo por retrasos en los cobros
El próximo mes entrará en vigor la Ley de contratación del sector público, un nuevo reglamento que facilitará el cobro de las facturas, y donde la gestión de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha sido clave para introducir modificaciones que favorecerán a muchas pymes y autónomos, especialmente en caso de subcontratación. Para Antoni Cañete, presidente de la PMcM, esta plataforma es uno de los movimientos más importantes que ha hecho la «sociedad civil en el ámbito económico y empresarial». La plataforma agrupa a entidades estatales, autonómicas y sectoriales, que en conjunto representan a cerca de un millón de empresas -con una cifra de negocio cercana a los 150.000 millones de euros- y que dan empleo a más de 4,5 millones de trabajadores y autónomos.
—La plataforma protagonizó varias acciones reivindicativas, como la llamada concentración de corbatas...
—Se constituye la plataforma porque una serie de organizaciones de ámbito estatal, autonómico, sectorial e intersectorial, hacemos la primera movilización de la historia de España de empresarios y autónomos delante del congreso de los diputados, el 29 de marzo de 2009. Sí, la llamada concentración de corbatas. Ese año estábamos en plena crisis y eran necesarios cambios estructurales para salir reforzados. Teníamos claro que la causa más importante de cierre de empresas y de pérdida de empleos era de forma directa o indirecta la morosidad. Una de cada tres empresas cerrada en la crisis lo hizo por la morosidad. Presentamos 44 propuestas al Gobierno de Zapatero y a todos los grupos de oposición.
—¿España es un país moroso?
—España es un país moroso y «morroso». La morosidad puede ser consecuencia de las circunstancias pero hay empresas, sin problemas de tesorería, que utilizan la dilación en los pagos como una forma empresarial de tener ciertos rendimientos y generan una distorsión en la economía.
Hay empresas, sin problemas de tesorería, que usan la dilación en los pagos par tener ciertos rendimientos
—¿Quiere decir que la morosidad está instalada en nuestra economía?
—Lo que evidenciamos es que durante muchos años en España hemos tenido una connivencia de un poder empresarial muy centrado en intereses determinados con el poder legislativo. Ha ejercido de lobby y se han hecho leyes que le son absolutamente propicias. En nuestro país en el año 96 se hizo una ley de comercio minorista que generó unas dinámicas determinadas en los pagos bastante vergonzosas pero sobre todo en España se traspuso tarde y mal una directiva de Europa (la ley 3/2004). Y fruto de esos intereses, en el último momento se permitió el acuerdo de las partes en el pago de las facturas. En un momento que había mucho dinero, los proveedores lo aceptaban.
—Pero luego llegó la crisis...
—Exacto. Antes tenías línea de financiación para la empresa pero cuando se cierra el grifo, las empresas cierran. La morosidad parecía que era un tema de empresa pero la realidad es que afecta mucho en la economía de un país.
—Han logrado acabar con el acuerdo de las partes.
—Se tomó verdadera conciencia política de lo que significa y en el 2010 se produce el primer milagro. Todo el Congreso de los Diputados en bloque acepta que se haga una ley que acabe con ese pacto. Se hace la 15/2010 que lo retira y establece periodos de plazo en ámbito público o privado para pagar. Desde entonces no se puede hacer un pacto por encima de los plazos que marca la ley.
—Aunque se siga pagando a 400 días...
—Sí, pero quien lo hace es ilegal. Lo que pasa es que en la práctica nadie denuncia a quien le tiene que pagar. Ahora mismo no existe ninguna sanción. Estamos concentrados en la Ley de Refuerzo de Lucha contra la Morosidad, actualmente en el Congreso en fase de enmiendas. Además de definir el régimen sancionador, la organización está definiendo un Observatorio de Lucha contra la Morosidad que podría ser clave en las futuras relaciones entre contratistas y proveedores. La propuesta de ley propone sanciones de tres niveles que irían de los 400 euros a los 800.0000 euros.
La morosidad parece un tema de empresa pero que afecta mucho en la economía de un país.
—¿Hay muchos profesionales de la estafa?
—En algunas ocasiones, en España ser moroso es ser simpático. No nos deben engañar, usamos excusas que no sirven. Aquí también inventamos el confirming. Te pago a 400 días pero con el confirming el banco te paga al día siguiente. Eso sí, te cobra los intereses de 400 días y los gastos financieros y se lo reparten entre el banco y el que te ha dado el confirming. Es un buen negocio.
—¿Se quedan realmente muchas facturas sin pagar?
—Desgraciadamente sí, porque los costes y los riesgos que tiene para pequeñas cantidades hace que no se reclamen. Y se quedan sin pagar facturas de pequeñas empresas y autónomos. Muchas empresas tienen pedidos pero como no les pagan, acaban por cerrar. Y cada cierre de una empresa es una pérdida para el país.
Novedades legislativas
Para Antoni Cañete, la Ley de contratación del sector público, «marca un punto de inflexión en la forma de contratar y pagar de las administraciones públicas, terminando con los abusos en los plazos de pago que muchas entidades y contratistas imponían a sus proveedores». A partir del 1 de junio de 2018, los subcontratistas principales tendrán una relación con el contratista principal a través de factura electrónica. El pago mediante ese medio evitará el fraude porque no se podrá engañar con la fecha de emisión de la factura. En lo que se refiere a las novedades de la Ley de refuerzo de la lucha contra la morosidad, se va a crear un observatorio contra la morosidad liderado por Hacienda, existirá un arbitraje previo en el caso de que haya un conflicto entre empresas y las compañías no estarán obligadas a pagar el IVA de facturas no cobradas.
