Una oficina del Popular junto a un cajero de Banco Santander
Una oficina del Popular junto a un cajero de Banco Santander - JAIME GARCÍA

El núcleo duro de accionistas del Popular recurrió ante Europa la decisión de la JUR

Las familias históricas del banco acusan a las autoridades de actuar con desproporción

MadridActualizado:

La quiebra y resolución del Popular hizo perder su dinero a miles de accionistas. Entre ellos, las familias tradicionales e instituciones con participaciones históricas en la entidad. Ese grupo, que formó durante décadas el núcleo duro del capital social del que fuera sexto banco del país, recurrió en agosto del año pasado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión de la Junta Única de Resolución (JUR) de intervenir y vender el banco al Santander.

Entre los recurrentes están la Sindicatura de Accionistas, que reunía a las familias históricas del banco, muchas vinculadas al Opus Dei, y antiguos empleados y que con el 9,6% del capital era el primer accionista del Popular; la Unión Europea de Inversores, vinculada a esa sindicatura; la Fundación Universitaria de Navarra, y familias como las Solís, fundadora del angitugo Banco de Andalucía, Nigorra (Crédito Balear), Gancedo (Banco de Castilla) y Montuenga, entre otras.

Se trata de accionistas históricos vinculados al expresidente Luis Valls y que apoyaron a Ángel Ron hasta su cese como primer ejecutivo del Popular en diciembre de 2016. Su recurso ante el Tribunal de Luxemburgo, presentado a través del despacho Ramón C. Pelayo Abogados, es el que agrupa a un mayor porcentaje del capital social del Popular.

Estas familias e instituciones consideran que la entidad, con un patrionio de 10.500 millones de euros hasta un mes antes de la resolución, era solvente, tal y como certificaban la propia JUR y el Banco Central Europeo (BCE). «Es inverosímil que una entidad con ese abultadísimo patrimonio neto positivo pueda, en cuestión de pocos meses, pasar a tener un patrimonio neto negativo tal y como sostiene, al parecer, la valoración provisional de Deloitte en la que se basó la decisión de la JUR», indica el recurso.

Argumentos

Estos accionistas se dirigen contra la JUR al considerar su actuación desproporcionada e inadecuada y sin la debida transparencia, y acusan a su presidenta, Elke Konig, de agravar la situación de liquidez del banco por sus declaraciones a una agencia de noticias sobre una intervención temprana del Popular.

Sin embargo, el recurso también va dirigido contra Deloitte, que valoró a Popular en hasta 8.200 millones de euros negativos, al entender que no gozaba de la independencia necesaria y que esa valoración no es razonable ni prudente ni realista.

Los accionistas de referencia acusan además al Banco Central Europeo (BCE) de no haber implantado medidas preventivas para solucionar la crisis de liquidez de la entidad, y entienden que la decisión última de resolver el Popular supuso una confiscación del patrimonio de los accionistas y un enriquecimiento injusto del Santander.