La morosidad pública crece un 38% desde las elecciones autonómicas

La morosidad pública alcanzó cotas récord durante la crisis y remitió en 2012 cuando el Estado inyectó liquidez con el plan de pago a proveedores a comunidades y ayuntamientos. Pero desde las elecciones autonómicas del 25 de mayo la factura que tiene pendiente la Administración se ha vuelto a disparar. Ha pasado de suponer 10.600 millones en mayo a escalar hasta los 14.700 millones, que se reparten entre autonomías (12.800 millones) y entes locales (1.900 millones), La cifra supone un 38% más, según un informe que presentó ayer Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Trabajadores Autónomos (ATA).

Amor avisa de que «el cambio de gobierno ha traído consigo un aumento de los plazos de pago».

Por ello, reclamó a las administraciones que paguen, «cumplan la ley, y acometan medidas que faciliten que los autónomos puedan cobrar». A enero de 2016, el periodo medio de pago con los autónomos, desde la fecha de emisión de la factura, se sitúa en 86 días y la factura pendiente de la Administración de 3.100 millones, un 35% más que en mayo, cuando se celebraron los comicios.

El presidente de ATA reconoce que hay empresas que vuelven a tener que cerrar o despedir empleados por culpa de la morosidad pública, algo que se había corregido en los últimos años debido al plan de pago a proveedores y a los fondos de liquidez a regiones y municipios. Sin embargo, el cambio de color político en algunos ayuntamientos y comunidades ha producido una mayor morosidad. De hecho, la organización teme que la parálisis política interrumpa el funcionamiento de los mecanismos de liquidez y aumente la morosidad de las autonomías.

«Da la sensación de que desde que se han instalado en el gobierno no pagan facturas», dijo Amor. Es el caso de Extremadura, región que peor paga con un retraso de 165 días, 135 días más de lo que comprende la Ley de Morosidad. Además, los plazos de pago de facturas a autónomos de esta comunidad se ha incrementado un 25% desde septiembre. Hay otros ejemplos, como el de Murcia, en el que se han disparado los plazos de pago con cambio de gobierno, pero sin cambio de color (sigue el PP). El periodo medio para saldar las deudas ha aumentado casi un 40% en los últimos meses hasta los 134 días. A Extremadura y Murcia le siguen Aragón (130 días), Baleares (124 días) y Valencia (118 días). En el extremo opuesto se sitúan Navarra (32 días) y el País Vasco (36 días). Datos que vuelven a poner de manifiesto que ninguna comunidad cumple los plazos legales de pago.

Cuando el Gobierno de Mariano Rajoy llegó al poder en 2012, las facturas impagadas que acumulaban las administraciones provocaban que los proveedores cobraran con 162 días de retraso de media. Para atender las necesidades de las empresas, y ante las protestas de colectivos sin cobrar como las farmacias en Cataluña, el Ejecutivo desplegó el plan de pago a proveedores: una catarata de financiación que permitió saldar ocho millones de facturas pendientes por valor de 41.800 millones que benefició a 190.800 empresas. Además, puso en marcha los mecanismos de liquidez para comunidades y ayuntamientos, que movilizaron otros 130.000 millones a través de préstamos a bajo coste. Ello provocó que desde 2012 la morosidad pública bajara.

El problema sigue ahí

A esta inyección financiera se le sumó un mayor control a través de la Ley de Estabilidad, que prevé que el Estado pueda retener la financiación a aquellas regiones que superen los 60 días de periodo medio de pago con sus proveedores. Ambas medidas fueron positivas y lograron aliviar a numerosas empresas. Sin embargo, ninguna de las dos ha logrado erradicar por completo el problema. Hacienda no ha retenido los pagos de ninguna región y las comunidades se han acoplado a la llegada de los mecanismos de liquidez para ir pagando (o no) a sus proveedores.