Hacienda aprobará liquidez extra para las regiones y Cataluña será la que más reciba

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abrió la puerta ayer a aprobar en dos semanas liquidez adicional para las comunidades autónomas. Esta partida se refiere al excedente de este año del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) por el que Cataluña reclama 2.600 millones. Sin aludir a esta cantidad, desde Hacienda admiten que la región presidida por Artur Mas será la que más reciba por su tamaño.

Tras un acto organizado por CEOE, el ministro enfatizó que estos fondos irán destinados a pagar proveedores y cubrir los servicios básicos sociales. En una reunión del ministro con el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, este ya adelantó que el remanente del FLA se repartiría este viernes o el siguiente. A la hora de hacer el reparto se debe tener en cuenta a todas las regiones.

Montoro remarcó que este pago no es obligatorio sino extraordinario.

Como recordó el ministerio la semana pasada en un comunicado en el que negaba retrasos en los pagos de liquidez a Cataluña, el año pasado este remanente se decidió en diciembre. Asimismo, el ministro aclaró que Hacienda no ha pedido «recortes» extra a la Generalitat, sino que se tratan de ajustes en su plan económico-financiero que se podrán resolver mediante una contención del gasto para 2015 de cara al cumplimiento del déficit.

Hace unas semanas el ministerio anunció 1.518 millones de déficit oculto en la Generalitat (1.318 millones) y el Ayuntamiento de Zaragoza (200 millones) por unas inversiones público- privadas no contabilizadas de obras ejecutadas desde 2003.

Ante este escenario, el pasado 5 de noviembre, el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, envió una misiva al consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, en la que le recordó este gasto y pedía «medidas» para cuadrar el déficit. En su respuesta a Beteta, Mas-Colell, ha rechazado en otra carta realizar ajuste alguno y culpó al ministerio del déficit oculto ya que, en sus palabras, la Intervención General del Estado conocía estos gastos desde 2007.