El Gobierno propone a Sebastián Albella para presidir la CNMV

El Gobierno, ya con plenas competencias, va a resolver por fin la situación de interinidad en que quedó la cúpula del supervisor bursátil a raíz del bloqueo político que sufrió el país. El Ministerio de Economía tiene previsto proponer el próximo viernes en el Consejo de Ministros el nombramiento del socio del despacho de abogados Linklaters Sebastián Albella como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), y a la actual presidenta del regulador del sector de auditoría (ICAC), Ana María Martínez-Pina, como vicepresidenta.

El pasado mes de octubre los consejeros Juan Manuel Santos-Suárez y Beatriz Gloria Viana sustituyeron de forma interina a la presidenta y la vicepresidenta, Elvira Rodríguez y Lourdes Centeno respectivamente, cuyo mandato expiraba y cuya renovación temporal hasta la formación del nuevo Gobierno vetaron tanto PSOE como Ciudadanos, provocando una situación inédita de falta de quorum en el organismo encargado de velar por el buen funcionamiento de la Bolsa.

Albella, abogados del Estado, ha trabajado en los últimos años para los bufetes Linklaters y Ramón y Cajal, y había sido asesor de la patronal bancaria (AEB) y secretario del consejo de Hidroeléctrica del Cantábrico. En su currículo también figura su paso por la Administración pública, primero como jefe de la asesoría jurídica de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera y subdirector general de Política Financiera (1986-1988) y después como primer secretario del consejo y responsable de los servicios jurídicos de la CNMV (1988-1991). De hecho, formó parte del equipo que redactó la ley de Mercado de Valores.

La que será su «número dos», Ana María Martínez-Pina, es inspectora de seguros, y entre 2001 y 2003 formó parte percisamente de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (Dgsfp). Posteriormente entró en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), del que actualmente era presidenta y al frente del cual impulsó la nueva ley de Auditoría, que refuerza la independencia de estas firmas, y decretó una multa de 12 millones de euros a Deloitte por el caso Bankia.