El Gobierno destinará 2.130 millones para cerrar 26 minas de carbón antes de 2018

La Comisión Europa ha dado hoy luz verde al plan del carbón presentado por el Gobierno español para destinar 2.130 millones de euros en ayudas para facilitar el cierre ordenado de un total de 26 minas de carbón «no competitivas» de aquí a 2018, al concluir que este apoyo no plantea problemas de competencia en el espacio económico europeo.

Bruselas ha explicado en su decisión que el objetivo de la ayuda es facilitar el proceso de cierre, cubriendo las pérdidas de producción de las minas hasta su cierre, además de cubrir parte de las indemnizaciones por despido y prestaciones de la Seguridad Social a los trabajadores que pierdan su empleo.

Una de las condiciones es que las minas incluidas en el programa sean desmanteladas «a finales de 2018 a más tardar», por lo que las autoridades españolas se han comprometido a «recuperar toda ayuda» asignada a minas que no hayan sido cerradas para entonces, según ha explicado la Comisión.

El programa de ayudas, que fue notificado por el Gobierno a Bruselas el pasado mes de abril, asegurará también fondos para la seguridad y las obras de rehabilitación necesarias tras el cierre de las minas.

El examen del Ejecutivo comunitario ha concluido que el nuevo plan para el carbón español está en línea con las normas europeas, que permiten a los estados miembros «cubrir las pérdidas de producción y los costes excepcionales» derivados del cierre de las minas de carbón no competitivas, "a fin de paliar el impacto social y medioambiental».

La Unión Europea permite los subsidios a la industria del carbón en el único caso de que estos apoyos sirvan para contribuir al cierre de una mina, con el objetivo de cubrir las pérdidas de producción y los costes excepcionales causados por la clausura.

Estas limitaciones están dirigidas a fomentar el uso de fuentes de energía renovables en la Unión Europea y avanzar hacia una economía sostenible y segura de baja emisión de carbono, al tiempo que se reduce el peso del carbón autóctono.

Por su parte, el sindicato FICA-UGT ha dicho que ese acuerdo «es el colmo de los despropósitos de este Gobierno, pues se trata de un plan de cierre en todas sus dimensiones que desconocemos por completo, que supone el fin de la minería del carbón en nuestro país y condena a las comarcas mineras a transformarse en verdaderos guetos, mientras se beneficia a otro tipo de energías». Y añade que «supone un atropello más de este Gobierno, que se rinde ante los poderes de las grandes multinacionales de la energía y se pone de rodillas ante Bruselas, incumpliendo sin el menor rubor con todo lo pactado con empresarios y sindicatos».