El Gobierno aprueba el decreto para la reforma de la estiba

El Consejo de Ministros ha dado hoy luz verde al real decreto ley de reforma de la estiba, con el que el Ejecutivo quiere dar cumplimiento a una sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014 que fijó una multa que, de momento, se sitúa en 21,5 millones de euros y que, si la legislación española sigue chocando con el dictamen comunitario, amenaza con convertirse en una sanción diaria «sine die» de 134.107,2 euros.

En la rueda de prensa posterior a la reunión de los ministros, el responsable del Ministerio de Fomento, Íñigo de la Serna, recordó que sindicatos y patronal disponen ahora de un año para alcanzar acuerdos sobre su nuevo régimen laboral en el marco de la negociación colectiva.

De la Serna hizo un llamamiento a que las partes «intensifiquen las reuniones para alcanzar» un pacto. «Si hay voluntad de las partes se va a poder alcanzar un acuerdo», indicó y recordó, a continuación, que el Ejecutivo les va a apoyar en el diálogo. «El Gobierno va a estar ahí». Con dicho fin, el Gobierno ha designado como mediador al presidente del Consejo Económico y Social (CES), Marcos Peña.

Un posible acuerdo permitiría evitar las nueve jornadas de huelgas parciales previstas entre el 6 y el 25 de marzo de marzo. Los trabajadores y las empresas de la estiba, recordó de la Serna, pueden abordar en estas negociaciones aspectos que no ha entrado a valorar la nueva regulación, tales como las condiciones laborales o el mantenimiento de los puestos de trabajo, siempre que respeten los términos de la reformada ley de puertos.

El responsable de la cartera ministerial recordó que «ha flexibilizado al máximo a favor de los trabajadores el texto del Real Decreto Ley de la estiba, hasta el límite de lo que permite la UE» y para ello ha habilitado un periodo de aplicación transitoria, de tres años, de dicha normativa por la cual se establece un porcentaje obligatorio de actividad que las empresas deben cubrir con trabajadores procedentes de las Sagep (Sociedades Anónimas de Gestión de Estibadores Portuarios), del 75% en el primer año, 50% en el segundo y 25% en el tercero.

Responsabilidad de los partidos

La aprobación del real decreto para la reconversión del sector de la estiba, sin embargo, no asegura su ejecución definitiva, ya que el texto legal requiere convalidación en el Congreso de los Diputados antes de que transcurra un mes. Las formaciones parlamentarias (a excepción de Unidos Podemos, los partidos que integran Grupo Mixto y ERC, en contra) no han clarificado su posición y se han limitado a llamar al diálogo entre patronal y trabajadores. Por ello, De la Serna apeló a la responsabilidad y se mostró convencido de que «ningún grupo político» quiere que el Tesoro Público se vea obligado a asumir una sanción económica como resultado de la sentencia del tribunal comunitario.

«No se entendería que los grupos parlamentarias no facilitaran la aprobación de la ley para cumplir con una sentencia de la UE», subrayó el ministro, quien también solicitó «ayuda» de las formaciones políticas para «favorecer» las conversaciones entre los sindicatos y la patronal, «que más fácil será cuanto menos ruido político haya».

El sindicato mayoritario de los estibadores, la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, ha rechazado de plano la aprobación de la normativa. Ha denunciado en un comunicado que la reforma de la ley de puertos «solo logrará la desestabilización de una de las industrias más prósperas de este país, un reducto en el que desarrollan su labor algunos de los pocos colectivos que mantienen condiciones de trabajo decentes».

La Coordinadora no se apea, por tanto, de las movilizaciones. «La única medida de presión que les queda a los trabajadores para llamar la atención de la opinión pública y el resto de los grupos políticos sobre este abuso del Gobierno es ejercer su derecho a la huelga», recalca. Así lo harán a partir del 6 de marzo. Piden, asimismo, el apoyo de los grupos políticos para bloquear el real decreto en el parlamento: «Los estibadores apelan a la responsabilidad y el sentido común del resto de grupos políticos para que esta iniciativa, que esconde un expediente de regulación de empleo para 6.150 trabajadores organizados y con capacidad de negociación colectiva, no se apruebe en el Congreso».