¿Está ahora Europa preparada para evitar el pánico en caso de quiebra de un banco?

El derrumbe de Bankia en la primavera de hace cuatro años estuvo a punto de llevarse por delante la economía española en su conjunto. Y es que la necesidad de los países europeos de apuntalar sus entidades en apuros con dinero público nacional generó un círculo vicioso entre banca y deuda soberana que provocó que las primas de riesgo de esos Estados se disparasen. Las autoridades comunitarias construyeron entonces una unión bancaria con el objetivo de romper ese círculo. Ahora, ante las dudas sobre la solvencia de entidades financieras de países como Italia, que arrastran unos 350.000 millones de euros en activos improductivos, la gran pregunta es si funcionará. Es decir, si la Eurozona está preparada para soportar la quiebra de otra gran entidad sin que tenga un efecto devastador en el resto del sector y en la economía.

Aunque solo la experiencia de la caída de un banco servirá para medir la efectividad real de esa gran reforma institucional, en lo que las entidades, los expertos del sector financiero y las autoridades coinciden es en que a día de hoy Europa está mejor preparada para hacer frente a una crisis bancaria. La zona euro cuenta ahora mismo con una supervisión centralizada y más armonizada, se ha establecido un mecanismo para limitar al mínimo el uso de dinero público en los rescates y se han empezado a mutualizar los fondos nacionales que se usarían en caso de necesitar una inyección de capital a una entidad financiera.

Que la banca italiana haya aflorado sus vergüenzas después de la puesta en funcionamiento del Mecanismo Único de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE) no es casualidad. El organismo dirigido por Danièle Nouy sometió en 2014 a la banca europea a un exhaustivo análisis de la calidad de sus activos antes de tomar las riendas de su supervisión para saber a qué se iba a enfrentar. Es decir, el supervisor único, además de homogeneizar y armonizar criterios supervisor, ha introducido mayor transparencia, lo que permite a las autoridades actuar con mayor antelación.

Límite al uso de dinero público

El segundo pilar de esa unión bancaria, que consiste en la creación de un Mecanismo Único de Resolución (MUS) y un fondo de rescate común, es clave en la gestión de posibles futuros rescates. En primer lugar, las autoridades han establecido un esquema («bail in») por el que aquellos bancos en apuros, antes de recurrir al dinero público, tendrán que imponer pérdidas a sus acreedores: accionistas y tenedores de diferentes tipos de deuda subordinada y senior, entre otros.

Solo cuando el recurso a esos inversores del banco fuese insuficiente, la entidad recibiría fondos públicos. Pero ahora ese dinero del contribuyente no procederá únicamente de las arcas del país de origen del país, pues se ha creado un Fondo Único de Resolución que mutualizará progresivamente hasta 2024 el dinero de los fondos de rescate de cada país. El problema es la dotación del fondo —considera insuficiente por algunos expertos— y que esa mutualización progresiva en el tiempo hace que, si un banco falla mañana, todavía el Estado afectado tendría que responder en su propio nombre, de forma que el citado círculo vicioso entre riesgo bancario y soberana no está completamente roto.

La creación de ese fondo de rescate único se aprobó con un modelo descafeinado respecto a los planes iniciales debido a las reticencias de Alemania, muy reacia a mutualizar las deudas de los países europeos. Es la oposición del Gobierno de Angela Merkel lo que también está retrasando la creación de un Fondo de Garantía de Depósitos común que garantice los ahorros hasta 100.000 euros de los clientes de los bancos independientemente del país del banco. Sin este último pilar, la unión bancaria seguirá coja y la resolución de cualquier problema en una entidad financiera continuará generando ciertas dudas en los inversores.