España superará en tres años la cota de 20 millones de ocupados de 2008
El Gobierno prevé compensar el alza de las pensiones con una reducción del coste del rescate de las autopistas, que podría acabar en una batalla legal
El mercado laboral continúa siendo la brecha abierta de la economía española tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, y, diez años después, sigue siendo la herida que más está costando cerrar . El Gobierno envió ayer a Bruselas el Programa de Estabilidad 2018-2021 en el que prevé que en cuatro años España habrá acabado con el déficit público catorce años después y tendrá ya la ansiada cifra de 20 millones de ocupados, todo ello con un PIB que ya el año pasado superó su nivel de 2008. Sin embargo, ni siquiera en 2021 la economía española habrá alcanzado su máximo precrisis de ocupados ni el mínimo histórico de paro.
Pese a haber superado la barrera psicológica de los 20 millones de afiliados con 1,685 millones más que en 2017, para 2021 la economía seguirá sin contar con el máximo de empleados que se alcanzó en un cuarto trimestre, el de 2007: con 20,683 millones de trabajadores al acabar 2021, aún quedarán 34.900 afiliados por recuperar frente al otoño de 2007. La distancia en el paro será mayor. El número de desempleados en 2021 aún será 651.000 mayor al mínimo que se alcanzó en un cuarto trimestre, el de 2006: en cuatro años habrá, según el Gobierno, 2,471 millones de parados frente a los 1,819 de finales de 2006. Como fuere, el número de desempleados habrá bajado en 1,296 millones frente a 2017.
Ello refleja que pese a que el crecimiento es más sostenible, los sectores que han sustituido a la construcción -exportaciones- son menos intensivos en mano de obra . Aunque se necesite menos crecimiento para generar empleo, factores como el cambio de modelo productivo y la robotización lastran el mercado laboral.
Todo ello, junto a la moderación salarial y el aumento estructural del gasto en pensiones, eleva el déficit de la Seguridad Social, que será la última administración que apague sus números rojos: hasta 2021 no tendrá un objetivo de déficit cero.
Las radiales, a juicio
El Ejecutivo pretende compensar este desfase ya este año con el Estado. Para ello, prevé que el coste del rescate de las autopistas de peaje en quiebra sea menor del planteado inicialmente, unos 2.000 millones de euros.
Según fuentes conocedoras del caso, el abono de esta cuantía se dividirá en dos partes. La primera se llevará a cabo en un plazo máximo de nueve meses desde que el Estado pase a gestionar las nueve vías quebradas. Teniendo en cuenta que el Ministerio de Fomento ya ha rescatado ocho de ellas, todo apunta a que este primer abono impactará por tanto en el déficit público de este mismo ejercicio. En principio, el pago supondrá en torno a un 30% de la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) y soportará la mayor parte de la rebaja anunciada por el Gobierno. Durante los siguientes años se abonaría el monto restante.
Todo apunta, sin embargo, a que el caso acabará en los tribunales, lo que demoraría el pago completo de la RPA. Y es que las negociaciones entre los fondos acreedores de estas infraestructuras y Fomento para fijar una cuantía que contentara a ambos se rompieron hace meses. Además, las diferencias, que ya eran evidentes (los fondos cifraban la RPA en casi 4.000 millones), se han agravado con la última previsión del Ejecutivo.
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