Caso Bankia, ¿pagar dos veces por la misma pena?, una cuestión de Estado

Como sigamos tirando de la manta acabamos buscando culpables –bueno, primero «imputados»– en los orígenes de los tiempos del sector. Un sector, el de las cajas de ahorros, que en tiempos remotos, en sus principios, no era ni por asomo aquello en lo que se convirtió en sus finales. Unas entidades financieras nacidas en los albores del siglo XIX que, en su devenir, vivían para fomentar el ahorro de los trabajadores, constreñidas a su territorio de origen y con restricciones en su actividad financiera, ya que apenas podían competir con la banca tradicional. Pero por poco tiempo. ¡Quién lo iba a decir décadas y décadas después!

Y es que echando la vista muy muy atrás, y tirando de hemeroteca, el mapa financiero de 1976 estaba poblado por 88 cajas de ahorros. Solo un año después iba a afrontarse la primera transformación del sector con la liberalización inicial de las cajas, que se completaría una década más tarde al darles permiso para salir de su comunidad.

A partir de entonces, una expansión sin precedentes –incluso se convirtieron en grupos financieros con sus empresas participadas–, que se vio truncada ¿repentinamente? por la gran crisis en 2008. Con el socialista José Luis RodríguezZapatero al frente del Ejecutivo español negando la evidencia. ¿Crisis, qué crisis?

El caso es, y saltándonos mil acontecimientos después, entre ellos, mil y una fusiones «obligadas», «aconsejadas», o «deslizadas» –dígase como se quiera, pero hechas sí o sí como solución a la cada vezmás débil viabilidad del sector–. Sea como fuere con el visto bueno del supervisor y de los jefes de gobiernos regionales en cada caso, llegamos al caso Bankia y su tan «deseada y vanagloriada» salida a Bolsa, cuyo fracaso derivó en uno de los mayores quebrantos para accionistas, preferentistas y contribuyentes. Y por el que hoy está imputada... ¡hasta la mona Chita! (¡ups! tenía que decirlo). Porque tras captar en su salida al mercado 3.000 millones de euros entre los «convencidos» institucionales y ahorradores aquel día de julio de 2011, ocho meses después su auditora, Deloitte, se negó a firmar las cuentas del grupo al encontrar un agujero contable de 3.500 millones de euros. ¿Cómo? ¿Pero no era poco menos que de las mejores entidades financieras españolas y poco menos que una cuestión de Estado participar de ella?

En mayo de 2012, Rodrigo Rato dimite como presidente de la «quebrada» Bankia, ante los ojos horrorizados de Bruselas, y le sustituye José Ignacio Goirigolzarri, que pidió 19.000 millones para recapitalizarla. El Estado decide su nacionalización y en junio del mismo año, ya con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo español, se solicita a Bruselas y al FMI 100.000 millones para rescatar a todos los bancos (excajas, claro ¡qué casualidad!) en apuros, entre ellos Bankia. Un mes después, el juez Fernando Andreu inicia la instrucción del caso e imputa a Rato y a otros 32 exdirectivos por la fusión y la salida a Bolsa de Bankia.

Las responsabilidades

En busca de responsabilidades, y por arte de magia, aparecen los famosos correos electrónicos de advertencia de los inspectores a la cúpula del Banco de España, donde «exponen con extensión y claridad, el quebranto para accionistas, preferentistas y contribuyentes de la salida a Bolsa de Bankia, que constituyen nuevos indicios de criminalidad contra determinadas personas», según la Audiencia Nacional. Algo que disparó la interrogante de entonces, por qué si los supervisores estaban avisados por sus propios inspectores dieron el OK a la operación. Y si lo sabían ¿cómo es que no se les llamaba a explicar la decisión? Pues, ¡a ello! Esta semana, el juez Andreu citaba a declarar como investigados a los responsables del Banco de España (entre ellos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador, y Javier Aríztegui, exsubgobernador), y de la CNMV (Julio Segura, expresidente; y, Fernando Restoy, vicepresidente) con competencias sobre el banco en ese momento.

En definitiva, ante tanto clamor popular, la Justicia debe –y quiere– aclarar si los máximos responsables de los supervisores desoyeron a los técnicos que les avisaron de forma temprana de la inviabilidad de Bankia y si antepusieron otros criterios para autorizar primero la fusión y después la oferta pública de suscripción (ops). Una operación, por cierto, presentada por Zapatero como una cuestión de Estado y, el Ministerio de Economía, dirigido entonces por Elena Salgado, que muchos dicen –en el Ibex-35 pocos lo niegan– instó a las grandes empresas a invertir en Bankia para salvar la ops.

¿Puede entonces acabar la búsqueda de culpables en la propia imputación del Estado español»? Témome que si seguimos con la ramificación de las investigaciones el papel que desempeñó el Gobierno Zapatero puede llegar a convertirse en un auténtico problema para las arcas del Estado. La Justicia podría declararle responsable civil subsidiario una vez ya imputados altos cargos de los reguladores-supervisores. En ese caso, ¿saben dónde podría acabar la factura del rescate de Bankia que finalmente superó los 23.000 millones? Iría directamente contra el déficit público. El Estado. Y el Estado, amigos, somos todos. ¿Pagar dos veces por la misma pena? ¡Vaya!